La regulación de los lobis, entre las medidas contra la corrupción del Gobierno portugués
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El paquete anticorrupción también incluye más protección a los denunciantes y el embargo de bienes incluso si no hay condena o el caso se archiva
21 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Las dos primeras medidas del Gobierno de Luís Montenegro fueron de enorme simbolismo: recuperar el antiguo logotipo del Ejecutivo y organizar una comisión, junto a los demás partidos parlamentarios, para redactar un paquete anticorrupción. La primera ha sido ampliamente criticada y la segunda salió este jueves a la luz con la presentación de 32 normas contra la corrupción por el Consejo de Ministros.
Entre las medidas está la regulación de los lobis, que regresa a la agenda después de quedarse a medias tras la caída del Gobierno de António Costa. El objetivo es aumentar la transparencia sobre los grupos de presión y prevenir así el enriquecimiento ilícito. Se complementa con otras iniciativas como medir la huella legislativa; es decir, registrar todas las interacciones con entidades externas durante el proceso legislativo (como ocurre en el Parlamento Europeo), algo que también se había comenzado a testar durante la anterior legislatura. Además, se creará un portal que registre los contratos públicos y un conjunto de medidas pedagógicas desde la enseñanza básica, de tal manera que la sociedad sea «más exigente frente a la corrupción».
Además del ámbito de prevención, otros tres ejes articulan el plan del Ejecutivo: castigo efectivo, juicios rápidos y protección del sector público.
A nivel punitivo, se incorpora una directiva europea para crear un mecanismo de embargo de bienes obtenidos mediante corrupción. La aplicación de esta ley levanta dudas, pues, de aprobarse, permitirá embargar activos incluso cuando no haya condena o el proceso sea archivado. Esta solución formaba parte del programa del partido conservador de Montenegro (PSD) y obedece a una de las banderas de la ultraderechista Chega.
Además, se extenderá la prohibición para ejercer funciones públicas a los condenados, se creará una lista negra de entidades que hayan participado en corruptelas, aumentará la protección a los denunciantes y se tratará de imprimir mayor celeridad en los procesos legales limitando el número de recursos permitidos.
Dada la caída del Gobierno de Costa por supuestas irregularidades (cada vez más dudosas) en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos, el combate de la corrupción era una demanda unánime de todos los partidos. Y, dada la débil mayoría de los conservadores en el Parlamento, Montenegro prometió que sería especialmente «ambicioso» y «consensuado» en este aspecto. Por eso ha dejado fuera algunas de las propuestas más polémicas, como aumentar las penas o extender los plazos de prescripción. Pese a todo, en la víspera el Partido Socialista se quejó de falta de diálogo y de la «vaguedad» de las propuestas.