Casi 90.000 descendientes de exiliados lograron la nacionalidad española
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La llamada ley de nietos ha provocado que las oficinas del Registro Civil Consular llegaran a recibir 301.121 solicitudes
16 jul 2024 . Actualizado a las 18:14 h.Casi 90.000 descendientes de exiliados lograron la nacionalidad española y la mayoría son argentinos, gracias a la llamada ley de nietos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022. En estos dos años, las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 301.121 solicitudes. Con la ampliación del plazo, establecido esta semana, los descendientes de emigrados durante la dictadura franquista tendrán tiempo de solicitar la nacionalidad española (sin perder la suya) hasta octubre del 2025.
Desde la entrada en vigor de esta ley en octubre del 2022 hasta el pasado 31 de marzo, hubo 301.121 solicitudes, de las cuales se aprobaron 150.002 y se denegaron 1.521. De las aprobadas, se han inscrito ya unas 89.766. Los consulados en Argentina y Cuba suman más del 50 % de las solicitudes.
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática reconoce el derecho de optar a la nacionalidad «a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
El Consulado General de España en Buenos Aires, que atiende a la mayor colectividad española en el mundo con unos 338.000 ciudadanos, es el principal punto de contacto. En los cinco consulados de Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca), la cifra asciende a medio millón. Desde el 2022, se concedieron cerca de 200.000 citas a descendientes de españoles solo en el de Buenos Aires, 70.000 personas presentaron la documentación y se inscribieron unos 12.000 «nuevos» españoles. Más de un 95 % de las solicitudes se han recibido en las oficinas consulares de Iberoamérica y en la de Miami. «En todas ellas existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo inicial de dos años», informó el Gobierno.