Bolaños sostiene que Sánchez «está en su derecho» de declarar por escrito en el caso de su mujer
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El ministro de Justicia opone la «normalización» en Cataluña frente al rapapolvo del Supremo por la amnistía
26 jul 2024 . Actualizado a las 16:28 h.El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que declarar por escrito ante el juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. «Yo creo que ese derecho es indiscutible», ha apuntado. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación desde una de las sedes del Ministerio después de que esta mañana asistiera a La Zarzuela a la jura o promesa del cargo de los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces frente al Rey Felipe VI.
Preguntado sobre si cree que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, «prevarica» en la investigación que dirige contra Begoña Gómez, Bolaños se ha limitado a decir que «lo esencial en este momento» es que ayer Sánchez remitió un escrito «muy respetuoso» al instructor para poner de manifiesto que como presidente tiene el derecho a declarar por escrito.
«Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y, por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción y creo que, en los próximos días, esa resolución y ese pronunciamiento del juez de instrucción se producirán», ha apuntado.
El ministro de Justicia, en esta comparecencia, ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con el Tribunal Supremo un día después de la dura cuestión de anticonstitucionalidad que presentó ante el Constitucional en el que daba un varapalo a la ley de la amnistía y señalara que el procés fue un «golpe de Estado». El dirigente socialista ha manifestado que desde el Gobierno tienen total «respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad que ha elevado el Supremo». A su juicio, ello se traduce en que el Estado de Derecho español «funciona con normalidad» y que la medida de gracia, por otra parte, «ha contribuido decisivamente a la normalización de Cataluña».