Julio Ransés Pérez-Boga, inspector de Hacienda: «El pacto establece un límite a la solidaridad entre comunidades que actualmente no existe»
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El también presidente de la IHE cifra en 3.000 los funcionarios que pasarían a depender de la Generalitat
05 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Julio Ransés Pérez-Boga (A Coruña, 1968) fue el presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda (IHE). El colectivo se ha mostrado especialmente crítico con el acuerdo entre el PSC y ERC. Aseguraron en un duro comunicado que su desarrollo tendría «consecuencias terribles» para el país y que «revienta la solidaridad fiscal». Es complejo sacar conclusiones, ya que solo ERC dio detalles del acuerdo. Además plantea todo el 2025 como período para desarrollarlo.
—¿Es complicado sacar conclusiones del acuerdo?
—Tenemos un acuerdo entre partidos políticos que sienta las bases para desarrollarlo en el 2025 y aplicarlo en el 2026. Se puede interpretar como queramos: o muy solidario o todo lo contrario. Es poco concreto, por lo que dentro de esa escasa concreción hay que ver de qué manera se puede desarrollar para que sea coherente y respetuoso con Cataluña y el resto de comunidades. Hay cuestiones difusas en el texto.
—¿Qué aspectos le generan más dudas?
—Uno de los grandes temas es saber cómo queda el principio de solidaridad. En este acuerdo se altera la financiación de una comunidad autónoma, la segunda que más aporta a la caja común. Estaríamos alterando el modelo. El acuerdo establece que Cataluña recaude el 100 % de los impuestos del Estado, pero luego los devolvería en dos cupos.
—¿En qué consisten los dos cupos que describe el pacto?
—El primero es un porcentaje que Cataluña le devolverá al Estado por los servicios que presta a la comunidad a modo de contraprestación. Luego contribuirá a un segundo fondo que llaman el de solidaridad.
—Esta es la cuestión que más controversia genera.
—El elemento peligroso que veo es que aportarían una cantidad complementaria que está limitada por el principio de ordinalidad. El pacto establece un límite a la solidaridad entre comunidades que actualmente no existe. Si queremos ser solidarios no podemos ponerle puertas al mar. Y, en segundo lugar, Cataluña contribuiría en función del esfuerzo fiscal que hagan el resto de comunidades. Donde pongo el punto es que a la solidaridad deberíamos definirla en base a otros parámetros. Actualmente se establecen por las balanzas fiscales.
—¿En qué consiste el principio de ordinalidad?
—El principio de ordinalidad lo único que dice es que el gasto se ordena en cada comunidad autónoma en función de lo que hayan aportado previamente. Pero esto hay que definirlo en términos variables. Habrá que saber cómo se aplica. Estaríamos haciendo que la segunda comunidad más rica sea también la segunda que más recursos reciba. Esto puede parecer poco solidario. El principio de ordinalidad pone el límite a la solidaridad, pero no está definido. Yo lo haría al revés: condicionaría la ordinalidad a la solidaridad.
—El pacto conllevaría las llamadas pasarelas de funcionarios.
—El pacto refleja que se requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales y tecnológicos de la Agencia Tributaria. En este futuro hipotético se traspasarían los cerca de 3.000 funcionarios que trabajan en Cataluña, así como los edificios, ordenadores, sistemas informáticos... Pretenden que se transfiera todo.
—¿Comparte usted la opinión de que aumentaría el fraude fiscal?
—Sin duda. Hay que ver cómo se desarrolla esto también. Si van a seguir trabajando allí y simplemente van a tachar la palabra «estatal» de Agencia Tributaria para poner «catalana» y siguen con nuestro sistema informático común, pudiendo hacer comprobaciones, no cambiaría tanto el panorama. Pero el acuerdo dice que esta agencia tributaria catalana tendría plena autonomía. Esto es lo que pone, ¿pero lo van a querer de verdad? Tienen una agencia tributaria creada en el 2007, la nuestra existe desde los ochenta y es una de las más laureadas de Europa. Si no funcionan con nuestros sistemas informáticos tendrán problemas porque los impuestos son complejos. Sobre todo si rompen la unidad de información.