La derrota del Ejecutivo al derogarse su decreto ómnibus abre una batalla entre el PSOE y la oposición por controlar la calle
26 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno y el PP se sitúan otra vez en la lucha por imponer su relato político. El varapalo del Congreso al Gobierno derogando el decreto ómnibus en el que el Ejecutivo incluía, además de la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, múltiples medidas sin conexión entre sí, ha abierto la lucha para tratar de convencer al electorado de que es el rival el que impide que los jubilados vean aumentada su nómina a partir del mes de febrero.
El Gobierno de Pedro Sánchez midió mal en esta ocasión el órdago de Carles Puigdemont cuando dijo que no apoyarían ninguna propuesta del Ejecutivo en el Congreso mientras Sánchez no acepte que se debata en el Parlamento su exigencia de que se someta a una cuestión de confianza. Los socialistas creyeron que los independentistas catalanes no serían capaces de votar en contra de la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, además de las subvenciones a los damnificados por la dana. Pero Puigdemont mantuvo el pulso al Gobierno. Tanto Junts como el PP, que también se atrevió a dar el paso de no aprobar el decreto ómnibus, coinciden ahora en presionar al Ejecutivo planteando que se convoque de inmediato un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esas tres medidas en decretos separados, garantizando su voto a favor si se toma esa decisión.
Sánchez mantiene el pulso
Jugada arriesgada. Sánchez ha visto sin embargo en esa negativa del PP y de Junts a aprobar el decreto con las decenas de medidas que planteaba el Gobierno como una oportunidad de poner contra las cuerdas al PP de Alberto Núñez Feijoo. Al menos de momento, el líder del PSOE aguanta la presión y asegura que no troceará el decreto ómnibus para que el PP pueda dar su voto a favor de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte. O todo o nada, es lo que viene a decir Sánchez, situando la pelota en el tejado de los populares. El presidente del Gobierno se expone así a la posibilidad de que, una vez que constaten que no hay aumento en sus nóminas, los pensionistas se vuelvan contra él, que es el que tiene en su mano tomar esa medida accediendo a filetear el decreto ómnibus como le piden los populares y los de Puigdemont.
EL debate en la calle
Recogida de firmas y sindicatos. Tanto el Gobierno como el PP son conscientes de que el debate se va a recrudecer en la calle y por eso ambos impulsan movilizaciones para exigir al rival político que cambie de opinión en lo que se refiere al decreto ómnibus. Al margen de registrar iniciativas en el Congreso y en el Senado con el mismo texto que figuraba en el decreto ley en lo que afecta a pensiones y ayudas al transporte, el PP ha iniciado una campaña de recogida de firmas en toda España para que los ciudadanos exijan a Sánchez que apruebe esa subida de las pensiones de inmediato. Una campaña que se extiende a la plataforma change.org, en la que los ciudadanos podrán exigir al Ejecutivo que actúe cuanto antes. En el lado del Gobierno, Sánchez cuenta con el respaldo de los sindicatos, que anuncian movilizaciones en la calle para protestar por la derogación de un decreto ómnibus que incluía múltiples medidas sociales. El Ejecutivo espera así ganar el debate social sobre quién tiene la culpa de lo que sucedió en el Congreso, cuando el marcador reflejó una derrota del Gobierno con 177 votos en contra de su decreto y 171 a favor. La situación enfrenta también a los sindicatos con el PP, que les advierte de que a quien hay que pedir que «mueva el culo» es a Sánchez.
Puigdemont, a lo suyo
Pensiones más altas para los catalanes. En la partida participa también Puigdemont, que escenifica así su ruptura con el Gobierno, poniendo en tela de juicio que Sánchez pueda agotar la legislatura. Junts también asegura que apoya la subida de las pensiones y que votará a favor de ello si se presenta un decreto solo con esa medida. Pero en el caso del expresidente de la Generalitat, se añade una exótica propuesta, que es la de que las pensiones de los jubilados catalanes sean más altas que las del resto de españoles, con la excusa de que la vida es más cara en Cataluña. El Gobierno no quiere enfrentarse con Puigdemont ni siquiera por ese disparate. Y carga todas las culpas contra el PP. Sánchez piensa así en la votación de los Presupuestos, en la que todavía confía en que Junts no le dé la espalda.