La jueza de la dana cita a declarar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Héctor Esteban VALENCIA / COLPISA

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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en una visita a uno de los municipios afectados por la dana del 29 octubre.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en una visita a uno de los municipios afectados por la dana del 29 octubre. Biel Alino | EFE

La magistrada, además de Polo, pide también que comparezcan el subdirector de Emergencias y el que fuera jefe de Bomberos

24 abr 2025 . Actualizado a las 15:44 h.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga por la vía penal el caso de la dana, ha dictado seis autos, el primero de ellos en respuesta a un escrito de solicitud de práctica de diligencias presentado por el investigado Emilio Argüeso ex secretario autonómico de Emergencias, la magistrada acuerda citar a declarar a 13 testigos.

Entre ellos figuran el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el director y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví.

La defensa de Argüeso pedía la imputación del presidente de la CHJ y de otros cargos por lo sucedido en la tarde del 29 de octubre. La de Polo, por la falta de datos que permitieran conocer el estado real del barranco del Poyo, que de desbordó causando la muerte de más de 200 personas.

Para la magistrada Ruiz Tobarra, según señala en su auto, no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH —el sistema que vigila los cauces de la CHJ— ni de la posibilidad de acceso al mismo, «ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo». Para la jueza, «más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16.13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH».

En su auto, la magistrada apunta que no cabe en la gestión de la tarde de la dana reconocer un desconocimiento de cómo se aportaban los datos del caudal del Poyo: «No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico (Emilio Argüeso), el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia».

«Ha de tenerse en cuenta —continúa el auto— el tipo de emergencia ante la que se encontraba la provincia de Valencia, un gravísimo riesgo de inundación. Si el propio investigado remite un mensaje a las 14.44 horas, vía wuasap, a un chat en el que se dice: «Los barrancos están a punto de colapsar». Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no solo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo. Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición».