Investigan un presunto fraude millonario en la dirección de menores de la Generalitat de Cataluña
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«Si no estás cómodo, vete o vota a otro partido», le advirtieron al educador social denunciante, obligado a redactar informes falsos
16 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Oficina Antifraude de Cataluña investiga un presunto fraude millonario en la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) de la Generalitat. El caso está relacionado con las ayudas que cobran los jóvenes ex tutelados, cuando cumplen 18 años y abandonan la institución sin disponer todavía de un empleo retribuido, y siguen bajo el paraguas de la Administración autonómica. Según reveló ayer La Vanguardia, jóvenes que entran en el mercado laboral se benefician de una prestación (sin tener derecho a ella) y las entidades que la gestionan se lucran a su vez de los ingresos aportados por la DGAIA. El foco está puesto sobre las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles, que se ocupan del seguimiento y valoración de la prestación económica (Sevap) de estos chicos cuando se emancipan.
La investigación se inició tras la denuncia de un educador social, trabajador de uno de estos centros, que advirtió de que algunos de los jóvenes beneficiarios no cumplían las condiciones para recibir la prestación. El denunciante informó a la dirección de los centros, que hizo caso omiso. «Si no estás cómodo, vete o vota a otro partido», le contestaron, afirma el denunciante, que fue obligado a redactar documentación falsa para sostener el presunto fraude. También denunció los hechos ante la propia DGAIA, sin recibir respuesta, por lo que decidió grabar las conversaciones que mantuvo con sus jefes durante cinco meses, a modo de prueba con la que acompañar la posterior denuncia ante la Oficina Antifraude, la Inspección de Trabajo y el Síndic de Greuges. Fue entonces cuando Antifraude puso en marcha la investigación y le concedió protección para evitar que fuera despedido como represalia. También informó a la Sindicatura de Cuentas, que el año pasado realizó una auditoría para fiscalizar las cuentas de la DGAIA, tras varios escándalos de adjudicaciones a dedo y concesión de ayudas irregulares a fundaciones privadas. El pasado mes de marzo, la cúpula de la entidad fue cesada por el Ejecutivo del socialista Salvador Illa.
Uno de los casos denunciados es el de un ex tutelado que cobraba una ayuda de Cataluña a pesar de trabajar en Valencia. Al final, los más perjudicados son los propios jóvenes. «Se encuentran con 21 años, con una deuda con Hacienda y sin recursos, y esto la DGAIA lo sabía; al final, es una negligencia y todo un despropósito», relatan al diario catalán fuentes próximas a la investigación. En la actualidad, cerca de 20.000 menores de edad están bajo el amparo de la entidad, de los que 8.867 gozan de alguna medida de protección, como la tutela o la guarda.
El electricista Teófilo
El presunto fraude en las ayudas de la DGAIA coincide en el tiempo con el caso de la niña de 12 años violada por una macrorred de pederastas entre los años 2020 y 2021, cuando vivía en un centro de menores tutelado.
El líder de la trama desarticulada por los Mossos d’Esquadra era Teófilo L. M., un electricista de 45 años para quien la Fiscalía pide 107 años de cárcel por abusar reiteradamente de la menor en un piso de Barcelona, al que ella acudía tras fugarse del centro donde residía. El juzgado investiga a otros once hombres a los que el electricista «ofreció» a la menor, a través de redes sociales, para que también la agredieran sexualmente. La Generalitat informó de que se personará como acusación popular en la causa abierta. «Estamos comprometidos con que hechos como este no vuelvan a pasar», aseguró este jueves la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, para quien «es evidente que [la DGAIA] necesita cambios profundos».