El aforamiento exprés de Gallardo y la condición plena de diputado, según el Constitucional y la Asamblea extremeña
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David Sánchez, hermano del presidente, denuncia las prisas por abrir juicio oral de la togada, que ni esperó a la resolución de la Audiencia
24 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Con prisa y sin pausa. Solo transcurrieron dieciséis minutos desde que la jueza rechazó los recursos de los once imputados hasta que dictó el auto por el que abrió juicio oral. La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón —músico, hermano del presidente del Gobierno y principal investigado en esta causa por supuesto enchufismo laboral al ser contratado como responsable de los conservatorios de la Diputación de Badajoz— remitió ayer un escrito de aclaración a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, Beatriz Biedma. El abogado Emilio Cortés le recrimina a la togada su celeridad para sentar en el banquillo a los investigados por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y su contradicción entre la resolución de este jueves y la que dictó el pasado 14 de mayo, en la que aseguraba que esperaría «al resultado de los recursos que se interpongan», pero la Audiencia Provincial todavía no se ha pronunciado sobre los de apelación incluidos en los de reforma.
El letrado le manifiesta una segunda queja y le reprocha que primero encargara la vista a un juzgado de lo penal y luego corrigiera su error con una providencia, en la que permite a las acusaciones populares —el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, PP y Vox— que se pronuncien sobre si debe hacerlo la Audiencia Provincial, un órgano colegiado especializado en delitos más graves. De hecho, Cortés considera que dejar esta sugerencia en manos de las partes vulneraría la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«Funambulismo judicial»
El «súbito ataque de prisa» que le dio a Biedma fue calificado de «curioso, inquietante y un ejercicio de funambulismo judicial» por fuentes del PSOE extremeño, que aseguraron «no salir de su asombro». Más duro fue el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que valoró que las causas que afectan a la Moncloa «responden a lo que dijo el portavoz del PP de que su tarea era acabar con el Gobierno por todos los medios posibles». La vicepresidenta María Jesús Montero coincidió en que el caso se fundamenta «en un bulo, en una mentira procedente de la extrema derecha», mientras la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, opinó que, «si David no se llamara Sánchez de apellido, no habría caso»; y el de la Presidencia, Félix Bolaños, calificó de «sorprendente» que se abra juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia: «Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes».
Desde el PP, su vicesecretaria de sanidad y educación, Esther Muñoz, denunció la «degeneración y bunkerización» del Ejecutivo de coalición.
Aforamiento insólito, exprés, de récord
La celeridad también es vital para defenderse. Solo 24 horas antes de que la jueza ordenara la apertura de juicio oral, otro investigado, Miguel Ángel Gallardo —presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño—, recogió su credencial como diputado autonómico en la Asamblea, una decisión tomada hace una semana por la interparlamentaria socialista regional y que le atribuye la condición de aforado, lo que no implica impunidad, pero sí ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Sin embargo, como su toma de posesión no tendrá lugar hasta el próximo pleno, el 29 de mayo, se ha abierto un debate jurídico sobre desde qué fecha dispone Gallardo del privilegio del aforamiento.
El Tribunal Constitucional establece que se es diputado desde el mismo instante en que se recoge la credencial de la Junta Electoral y, por lo tanto, antes incluso de que se celebre el acto de toma de posesión donde se promete o jura la carta magna.
Por extraño que parezca, el reglamento de la Asamblea de Extremadura es más exigente y reclama cumplir cuatro requisitos para adquirir la «condición plena de diputado» regional: recibir la credencial, presentar una declaración de bienes y otra sobre incompatibilidades con una profesión u otros cargos públicos, y prometer o jurar la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la primera sesión a la que acuda.
La estrategia de Gallardo es «fraude de ley» y una «sinvergonzonada política», según el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida.