El dueño de la mina asturiana en la que murieron cinco trabajadores, a juicio por una trama gallega que importó coca camuflada como carbón
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El cabecilla está acusado de transportar 390 kilos en contenedor desde Paraguay hace 14 años, y será juzgado en Alicante
24 may 2025 . Actualizado a las 19:17 h.Los 390 kilos de cocaína se cocinaron en algún laboratorio de Sudamérica para transportarlos por tierra hasta Paraguay. El polvo blanco se repartió en 955 pequeños envoltorios plastificados que fueron revestidos de resina para hacer de pegamento sobre la última capa de camuflaje: los proveedores bañaron cada pieza en polvo y rocas trituradas de carbón para hacer irreconocible el contenido real e ilícito. Lo siguiente fue almacenar todo en sacos repletos de este mineral en un cargamento de 20.000 kilos. Se guardó en un contenedor que fue cargado en el buque WEC Velázquez. Zarpó del puerto de La Paz, en Paraguay, con destino a Gijón. Llegó a España el 11 de noviembre del 2014. Los responsables de la importación, repartidos en O Salnés, León y Asturias, nunca pensaron que su mercancía ilícita y ellos mismos estaban en el punto de mira de la Guardia Civil.
La investigación dejó trabajar a la trama sin perder de vista en ningún momento el alijo. Lo descargaron en la nave número 13 del polígono industrial de Ordes el 14 de noviembre. Fue en ese momento cuando se procedió a las detenciones en el marco de un procedimiento que, once años después, está próximo a ir a juicio en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, desde donde se dirigía la investigación. Los acusados se enfrentan a penas de cárcel que van de los cuatro a los nueve años.
En el meollo de la trama está un grupo organizado afincado en Baión (Vilanova) aliado con la organización proveedora de cocaína en Paraguay. El objetivo de esta alianza era enviar alijos en contenedores a España. Solo faltaba encontrar al propietario de una empresa con actividad lícita que sirviera de tapadera para esconder la droga en algún porte de mercancía aparentemente legal para introducirla en la Península. La Fiscalía sostiene que el elegido fue Jesús Manuel Rodríguez Morán, de León. Entonces carecía de antecedentes penales o policiales. Era administrador único de la empresa Emergicar, con domicilio social en la capital leonesa.
Morán fue el encargado, a través de una firma exportadora, de contratar el pedido de 20.000 kilos de carbón, sabiendo que en su interior se ocultarían 390 kilos de cocaína, sostiene la Fiscalía. Morán, a la espera de ir a juicio por este asunto, regresó a la actualidad el pasado abril por la explosión en una mina de su propiedad en Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, donde murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos graves.
Bares y restaurantes
No fue casual que la Guardia Civil supiera de la llegada de la cocaína envuelta en carbón al puerto de Gijón. El Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) en Galicia de la Guardia Civil llevaba meses asistiendo a reuniones en diferentes bares y restaurantes de O Salnés con colaboradores de la trama y personas llegadas de Paraguay al aeropuerto de Vigo para cerrar el acuerdo entre proveedores y destinatarios. Participó igualmente en la investigación el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Alicante. Esta unidad prendió la mecha del caso en el marco de otra investigación. La protagonizaba un belga afincado en Marbella, que pasó de recoger alijos de hachís en el Estrecho a portes de cocaína en el Atlántico.
Aquellas pesquisas no llegaron a buen puerto policial, porque los investigados fueron incapaces de consumar sus propósitos para importar cocaína en un velero. Y pusieron en el punto de mira Galicia y al alijo camuflado en carbón que acabó en Ordes.
Las defensas plantean a la Fiscalía un acuerdo de conformidad por la atenuante de dilaciones indebidas
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante no pudo celebrar el pasado día 14 una vista de conformidad entre las defensas de los acusados y la Fiscalía. El motivo fue la imposibilidad técnica de conectar aquella mañana a uno de los acusados, desde la Audiencia de Pontevedra, por vía telemática con el órgano jurídico con sede en Elche.
La vista se suspendió, y las partes y la Fiscalía acordaron plantear la conformidad por escrito para evitar el juicio y alcanzar un acuerdo. Las defensas plantean la atenuante de dilaciones indebidas tras once años de instrucción y de consumarse los arrestos y la aprehensión. E, igualmente, un acuerdo que implicaría para sus clientes evitar la cárcel, más allá del tiempo que pasaron en prisión provisional tras las detenciones realizadas en Galicia, Asturias y León en noviembre del 2014.
El acuerdo propuesto implicaría para los procesados penas de prisión inferiores a dos años. De prosperar la negociación, los acusados verían su horizonte judicial aliviado considerablemente, porque la Fiscalía, de ir a juicio, plantea que pasen entre rejas entre nueve y cuatro años.