El auto del juez Hurtado: para unos expertos, sesgado e inadmisible; para otros, razonable y bien fundamentado
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División entre los penalistas consultados por La Voz sobre si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir
11 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de sentarse en el banquillo, algo sin precedentes en nuestra democracia. El auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ve indicios suficientes para su procesamiento. Los expertos consultados se muestran divididos al valorarlo y sobre si García Ortiz debería o no dimitir.
VALORACIÓN negativa
Auto sesgado, inadmisible y sin indicios suficientes «Me parece una resolución muy pobre técnicamente, muy sesgada, con un objetivo que estaba predeterminado», asegura Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal. «En vez de observar de modo imparcial qué iba averiguando en la investigación, el juez tenía fijada su opinión y ha interpretado todo lo hallado en contra del investigado, sin respetar la presunción de inocencia», explica. En su opinión, «no hay indicios suficientes para procesarlo, hay demasiadas otras posibilidades para la filtración que el instructor ha descartado muy a la ligera».
«No se sostiene, no se puede empezar un auto de este calibre afirmando que todo viene de una conspiración urdida por Presidencia del Gobierno, y a continuación no dar ni una sola ya prueba, sino ni siquiera indicio de prueba de que eso sea así», afirma Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho penal. «En un Estado no se puede acusar tan gratuitamente, supone un ataque institucional de primera magnitud», añade. «Si hubiera pruebas, habría que fundamentarlo muy bien, pero no existiendo no es admisible», concluye.
VALORACIÓN positiva
Razonable y bien fundamentado. «No me parece un auto disparatado, ocurrente o inmotivado; hace una exposición de hechos razonable y justificada», señala la abogada Elisa de la Nuez. «Recoge todos los indicios que, a juicio del juez, hay para considerar que sí se produjo una revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, teniendo en cuenta la secuencia cronológica, lo que han declarado varios testigos y el hecho de que se haya producido un borrado del móvil del fiscal, lo que es un elemento que me parece relevante», sostiene. «Está bien fundamentado, no ofrece nada diferenciado de lo que ya había, pero pone todo en orden, es un resumen de lo que ha ido pasando a lo largo de la instrucción que lleva al juez a la convicción, que parece razonable, de que sí se produjo esa filtración», incide. Para el penalista Alfonso Trallero, «es un auto muy bien argumentado, se esfuerza en explicar las razones por las que toma su decisión». «Los indicios que el juez recoge en este auto, que concuerdan con otras decisiones del Tribunal Supremo, para este momento son más que suficientes», estima.
SÍ DEBERÍA DIMITIR
Situación insostenible e inaceptable que daña a la Fiscalía. El abogado Carlos Lacaci resalta que las asociaciones mayoritarias de fiscales han pedido su dimisión «para no dañar a la institución». «Aunque hay que respetar la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme, me parece oportuno que dé un paso atrás, porque García Ortiz no es un ciudadano de a pie, representa a una institución que defiende la legalidad y se da la paradoja de que como acusado puede mentir en beneficio de sus intereses». Trallero estima que debe dimitir «sin ningún género de dudas; es absolutamente inaceptable que siga en su cargo, va a seguir siendo el jefe del fiscal que tenga que resolver ahora si lo acusa o no en este procedimiento; aunque solo fuera por eso debería haber dimitido». «Que el Gobierno ataque al juez es un síntoma de su falta de respeto a la Justicia», opina.
De la Nuez cree que «debería haber dimitido cuando fue imputado, porque el fiscal general del Estado no es un ciudadano normal, tampoco un ministro del Gobierno ni un político, o no debería serlo». Destaca que «ahora, con una más que posible apertura de juicio oral, estamos ante una situación completamente anómala e insostenible». Además, «es el jefe de toda la Fiscalía, el defensor de la legalidad, ¿en qué situación va a dejar a sus subordinados?». «El fiscal general del Estado tiene unos deberes institucionales que hacen incompatible que siga en el cargo», concluye.
no DEBERÍA DIMITIR
No concurren las circunstancias y es un auto endeble y fuera de lo normal. «Normalmente, un cargo público debe dimitir en este punto; sin embargo, este no es un auto normal, es una resolución muy fuera de lo normal por lo sesgada y endeble de su argumentación, no es serio», señala Cancio. En estas condiciones, «no debe dimitir, porque el auto es contrario a Derecho y no merece ninguna credibilidad», añade.
«No creo que deba dimitir, entre otras razones porque no se ha dado aún el supuesto legal que es la apertura de juicio oral», afirma Álvarez. «Se han lanzado a pedir esa dimisión cuando todavía no concurren las circunstancias», insiste. Además, «pretenden aplicar la normalidad institucional a una situación que es de todo menos de normalidad, y esa existente anormalidad institucional viene de la falta de credibilidad de la Justicia». En consecuencia, «García Ortiz, que me parece un fiscal excelente, no creo que deba dimitir en estos momentos», concluye.
El borrado del teléfono, la acusación al Gobierno y los testimonios de periodistas
Hay que tener en cuenta que esto es un auto, que son indicios que el juez considera suficientes para abrir juicio oral, pero queda mucho camino», asegura De la Nuez. «El auto es recurrible, lo previsible es que lo impugnen los perjudicados y, si la sala confirma el auto, se iniciará la fase del juicio oral, en el que las acusaciones tienen que formular su posición y donde se practicarán las pruebas», señala.
Lacaci destaca, al igual que De la Nuez, que «el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil y, por tanto, las posibles pruebas, lo que desde el punto de vista indiciario es importante, porque como se suele decir: el que nada tiene que ocultar nada tiene que borrar». «Podrían haber servido para esclarecer el caso, incluso como descargo de su responsabilidad si no la tuviera», añade. «Para el juez los indicios delictivos son suficientemente claros para seguir adelante», apunta. Pero «es significativo que diga que el fiscal general del Estado seguía indicaciones del Gobierno y en realidad no se sabe en base a qué indicios, no los ha desvelado, supongo que lo motivará más adelante».
Para Álvarez, «llama la atención que haya despreciado todos los testimonios de los periodistas, que lo que hacen es aclarar que ellos ya tenían, no solo la noticia, sino la documentación del caso en algún supuesto desde días antes y en otros, desde horas antes de que llegara el famoso correo de principios de febrero del 2024, al poder del fiscal general del Estado».
o penal económico, procesal penal y constitucional penal