El magistrado Fernando Portillo: «El Gobierno pretende que los jueces que persiguen la corrupción sean menos incómodos»

La reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno de Pedro Sández ha soliviantado a buena parte de los jueces y fiscales españoles, que el pasado miércoles mostraron su rechazo con un paro de diez minutos. Fundado en el 2002, el Foro Judicial Independiente (FJI) se define como una organización apolítica que lucha por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la Justicia. Presidida por el magistrado Fernando Portillo, fue una de las cinco asociaciones convocantes de la protesta (todas menos las progresistas), firmantes de un manifiesto que considera que esta reforma puede afectar «gravemente» a la independencia judicial. Conocido en la red social X como Judge the Zipper (tiene más de 100.000 seguidores), Portillo entiende que lo que busca el Ejecutivo es una Justicia «menos incómoda» ante los casos de corrupción que le acechan. 

—¿Por qué están en contra de esta reforma judicial?

—Dar a los fiscales la instrucción de los delitos a la vez que se quedan más indefensos frente a las arbitrariedades de un jefe nombrado por el Gobierno, que tendrá todavía más poder, nos hace sospechar que habrá más injerencias políticas. Sobre todo en los casos de corrupción que interesan al Ejecutivo. La reforma pretende modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal por la vía de urgencia, sin una razón que lo justifique; reduce la exigencia de conocimientos para ser juez o fiscal; introduce pruebas que son mucho más subjetivas y susceptibles de filtración, y contempla la creación de un centro público de preparación de opositores dependiente del Gobierno. Con todo lo malo que es que el poder ejecutivo medie en la decisión de qué personas van a formar parte del poder judicial. Y con el riesgo de que se los pueda seleccionar en función de su ideología.

—También rechazan la regularización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos. ¿Por idéntica razón?

—Porque se pretende meter por la puerta de atrás a casi 1.300 jueces y fiscales sustitutos y convertirlos en funcionarios de carrera sin medir realmente su capacidad, tan solo acreditando cinco años de ejercicio profesional.

—El Gobierno dice que es una reforma necesaria para mejorar y modernizar la justicia. ¿Lo es?

—El acceso a la carrera judicial y fiscal es mejorable, como casi todo en la vida. Pero si de verdad fuera esta la intención se habría abierto un debate serio, sosegado, con todas las asociaciones de jueces y fiscales, además de otros grupos parlamentarios de diferente ideología. Aquí no se trata de mejorar, sino de imponer una visión de lo que tiene que ser el poder judicial. Una visión perfectamente legítima pero en cualquier caso ideológica. Hay medidas que sí nos parecen bien, que sí creemos que son buenas, pero vienen envenenadas por otras que son nefastas.

—¿Cree que lo que pretende el Gobierno es atar corto a jueces y fiscales?

—El objetivo, al menos a medio plazo, es que el poder judicial sea menos molesto, que no sea tan independiente, y que estos jueces que persiguen casos de corrupción sean más dóciles. Poco a poco vamos dando pasitos hacia presupuestos que son más propios de democracias no liberales, en las que el Ejecutivo arrambla con todo.

—Aunque no es un hecho insólito, es poco frecuente ver a jueces y fiscales manifestarse delante de los juzgados. ¿Es una muestra del grado de indignación que sienten?

—En efecto. Somos unos colectivos por naturaleza muy responsables, pero a lo largo de los últimos años hemos visto como han ido empeorando nuestras condiciones laborales. Cada vez tenemos más trabajo y lo hacemos en peores condiciones. Esta reforma es la puntilla a una situación de hartazgo que dura años.

—¿Qué opina de las críticas del Gobierno a la labor de los jueces ante resoluciones que no son de su agrado?

—Son declaraciones muy desafortunadas. Las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica, por supuesto, pero deben ser fundadas, no ataques ad hominem. Hablar de forma velada de prevaricación, de complot, de que hacemos oposición al Gobierno… Son declaraciones populistas, muy malas porque nos desprestigia y provoca la desconfianza de la ciudadanía. Es de primero de totalitarismo. El abuso de poder tiene siempre como freno juzgados y tribunales, pero deslegitimarnos nos deja más indefensos como sociedad ante este tipo de situaciones.

—¿Usted cree que en España hay «lawfare»?

—No. Que un juez dicte a sabiendas una resolución injusta solo para perjudicar políticamente a alguien tiene un nombre en nuestro Código Penal: es el delito de prevaricación. Si alguien cree que ha sido objeto de ello puede denunciarlo ante los tribunales. No sería el primer juez al que se condena por ello. Da mucha pena que este mensaje populista, en el pasado propio de partidos antisistema, venga de gente que está en las instituciones, que forman parte de un partido que ha sido fundamental para la construcción de la democracia, y que ahora ataca al poder judicial por las investigaciones de corrupción que afectan al Gobierno.

—¿Qué le parece que el Tribunal Constitucional vaya a avalar, como parece, la ley de amnistía?

—Un craso error si finalmente es así. Si la Constitución española prohíbe los indultos generales es que también lo está la amnistía, aunque no lo diga expresamente. Sería muy grave y abriría puertas muy peligrosas, porque nada impediría que pudiera repetirse en el futuro con otras formaciones políticas en otras circunstancias.

—Por último, ¿el fiscal general Álvaro García Ortiz debería dimitir?

— Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No se puede ser doctor Jekyll y míster Hyde al mismo tiempo.

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