La sentencia sobre la amnistía deja en el aire el regreso de Puigdemont

El aval del Tribunal Constitucional a la controvertida ley de amnistía no tendrá efectos prácticos inmediatos sobre los políticos que encabezaron el desafío independentista del 2017. Por lo pronto, la sentencia deja en el aire el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que pende una orden de detención en España. El líder de Junts fue el principal artífice de la norma del olvido penal del procés, a cambio del apoyo de sus siete diputados en el Congreso a la investidura de Pedro Sánchez. La corte de garantías no entra en la aplicación de la norma, que corresponde a la estricta jurisdicción del Tribunal Supremo. Es decir, que la sentencia conocida este jueves no obliga al alto tribunal a alterar la situación procesal de Puigdemont y sus exconsejeros también huidos Toni Comín y Lluís Puig, así como la del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado e inhabilitado para cargo público, ni tampoco las de Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Los cuatro últimos están pendientes de que el tribunal presidido por Conde-Pumpido resuelva sus recursos de amparo, después de que el Supremo les denegara el perdón por malversación de caudales públicos, un delito que, en su opinión, no es amnistiable.

La malversación. La mayoría que avala la constitucionalidad de la amnistía no se pronuncia sobre la malversación, el delito por el que el Supremo se resiste a amnistiar a los promotores del 1-O. La sala segunda de Manuel Marchena consideró que los condenados o procesados actuaron con un «propósito de beneficio personal de carácter patrimonial», al sufragar con dinero público su «aventura» secesionista, en lugar de hacerlo de sus propios bolsillos. Nada hace pensar que tras el pronunciamiento del TC el juez instructor del procés, Pablo Llarena, vaya a levantar ahora la orden de detención vigente contra Puigdemont, Comín y Puig, que huyeron a Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña en octubre del 2017. Por la misma razón, el Supremo niega el perdón a Oriol Junqueras, el reelegido líder de Esquerra que fue condenado a prisión (y luego indultado por el Gobierno), e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031. En la misma situación se encuentran también los exconsejeros Romeva, Bassa y Turull.

El incierto futuro de Puigdemont. El expresidente catalán tendrá que seguir esperando en Waterloo (Bélgica) una amnistía que no llega. Y no lo hará hasta que el órgano de garantías resuelva el previsible recurso de amparo que pedirá su abogado, Gonzalo Boye, después de que el Supremo le rechazara esta misma semana el incidente de nulidad presentado por negársele la amnistía. Lo que resuelva el Constitucional no es de cumplimiento obligado para el Supremo, que podría negarse a levantar las órdenes de detención que pesan contra Puigdemont y sus exconsejeros. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, elevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Próximo paso: el TJUE. El Tribunal de Justicia de la UE se reúne el próximo 15 julio para debatir sobre las cuatro prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y un juzgado de Villanueva y Geltrú, con el fin de que dictamine si la amnistía se ajusta o no al derecho comunitario. La sentencia se prevé para octubre. Si esta fuera favorable a los intereses del político prófugo, sugieren fuentes de su entorno, Puigdemont podría decidirse a cruzar los Pirineos para, en el caso de ser detenido, forzar al Constitucional a resolver su situación y anular las órdenes de detención. Aunque no es seguro que eso llegue a pasar, y el TC levante las cautelares, Boye se mostró confiado ayer en la emisora catalana RAC1 en que el líder de Junts pueda volver a su casa de San Julián de Ramis (Gerona) por Navidad.

Una veintena de impugnaciones. Hasta que llegue la petición de amparo de Puigdemont, el TC todavía tiene sobre su mesa los 15 recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, si bien el fallo de este jueves servirá de referencia argumental para que la misma mayoría progresista los desestime. Ya en otoño, el órgano de garantías encarará las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo. Solo después será el turno de los recursos de amparo elevados por los condenados por malversación.

Casi 400 amnistiados. Hasta la fecha, la amnistía se ha aplicado a 170 policías y a 178 independentistas. A estos hay que sumar los 35 ex altos cargos de la Generalitat que un juzgado de Barcelona procesó por formar parte del entramado que organizó el referendo del 1-O, amnistiados hace dos semanas por la Audiencia de Barcelona.

Más presión del independentismo. El aval del Constitucional sirvió a los partidos independentistas para meter más presión sobre los tribunales de justicia, con el Supremo en primer plano, para que apliquen la ley de amnistía. El secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los dirigentes del 1-O que esperan el perdón penal, reclamó al órgano de garantías que «ponga en marcha todos los mecanismos de los que dispone, los coercitivos incluidos» para que el alto tribunal, entre otros, aplique la norma del olvido penal del procés. Turull se refirió a esta ley como una «enmienda a la totalidad, a la represión del Estado español durante un período determinado», una «conquista» del independentismo en general, «y de Junts en particular», añadió. Por su parte, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, celebró el dictamen de la mayoría progresista del TC, aunque dejó claro que «no comportará ningún cambio» para él, tras la negativa del alto tribunal a aplicarle la norma. «El Supremo ha dejado clara su voluntad de impedirlo; pese a ello, persistiremos y estamos convencidos de que ganaremos», aseguró a través de un mensaje en X.

Illa conmina al Supremo a aplicar la amnistía «con diligencia»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se sumó a los partidos independentistas para reclamar al Supremo que aplique la amnistía. «El Tribunal Constitucional ha hablado y ahora no se puede obstaculizar su aplicación: la ley de amnistía es constitucional», afirmó en una declaración institucional (en tres idiomas: catalán, castellano e inglés) desde el palacio de la Generalitat. A diferencia de lo que defendía hace unos años, el primer secretario del PSC reivindicó una norma que «consagra la voluntad de avanzar en el camino del diálogo y supone un punto de inflexión hacia la plena normalización de una sociedad plural». También reconoció que «como presidente», le «duele» que haya personas que no se han podido beneficiar de la ley, en clara referencia a Puigdemont, sin llegar a citarlo.

Por su parte, los socios del PSC aplaudieron la decisión del Constitucional. El republicano Joan Ignasi Elena insistió en la idea de la persecución política: «La amnistía vino para solucionar la represión que han sufrido los políticos y activistas que defendían la independencia». Según el eurodiputado de Sumar, Jaume Asens, se trata de una «victoria del derecho, la razón y el sentido común frente a la venganza». En cambio, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, apuntó directamente al presidente del tribunal de garantías: «A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde-Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas», publicó en redes.

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