Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales: «El fiscal general del Estado es el dique que está salvaguardando al entorno del presidente»

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ejerce una de las acusaciones populares en el proceso judicial que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Uno de sus letrados es Juan Antonio Frago (Zaragoza, 1979), expresidente de la asociación. Además, ejerció como fiscal de Extranjería y Siniestralidad Laboral en Santiago (2007-2010) y posteriormente, prosiguió su carrera en A Coruña, primero como fiscal de Delitos Urbanísticos y Medioambientales y después en la especialidad de Delitos Económicos. Desde hace casi un lustro, está en excedencia y es socio y abogado en el despacho Frago & Suárez.

—¿Por qué se personaron como acusación popular?

—La ejecutiva tomó la decisión por unanimidad cuando se admitió el procedimiento por parte del Supremo y a la vista de que la Fiscalía, que debía perseguir el delito, no lo estaba haciendo.

—El magistrado advirtió que la Fiscalía actuó como defensa. ¿Están de acuerdo?

—Nunca jamás vi que un fiscal recurriera un acto de entrada domiciliaria, en este caso domicilio profesional. Se ha adherido a todos los recursos de las defensas. Incluso hubo una solicitud reciente de diligencias complementarias que el magistrado ha tildado de ser completamente dilatorias.

—Las defensas sostienen que la prensa obtuvo y publicó el contenido del correo antes de que llegara a manos del señor García Ortiz.

— No ocurrió así. Un periodista publicó una información sobre la existencia de un procedimiento al respecto del novio de Ayuso. El famoso correo nunca jamás lo tuvo antes la prensa de que el fiscal general del Estado llamase aquella noche, a partir de las 21.39, de que iniciara la cadena de llamadas con el fiscal que estaba viendo el partido del Atlético, el único que lo tenía en ese momento en su poder. Ese correo no lo tienen hasta que lo tiene el fiscal general.

—¿Por qué piden que testifiquen, entre otros, Sánchez Acera, Lobato y ahora Santos Cerdán?

—Cuando se analizó por la UCO el móvil de Juan Lobato aparece que, precisamente, entre esa noche y la madrugada, hay un trafico de comunicaciones entre «Santos», Pilar Sánchez Acera y Lobato, porque están diciendo que «Pedro» quiere darle mucho ruido. Están con lo de Koldo, Begoña Gómez… Querían algo para compensar todo el ruido contra el PSOE. El problema que hubo es que como García Ortiz borró toda la información hay un corte de la cadena de investigación.

—¿Ven en el borrado una obstrucción al procedimiento?

—La obstrucción no es delito realmente en España. El llamado autoencubrimiento es impune. La actuación de ambos ha sido clarísimamente obstativa de la investigación, muy especialmente la del fiscal general del Estado, que cuando sabe que el Supremo ha acordado investigarle procede al borrado de su terminal. Hasta el punto de que la UCO ha reflejado que ha sido un borrado muy profesional.

—Son la acusación que más años pide de cárcel para García Ortiz con seis.

—El resto le han acusado por el delito de 417.2 del Código Penal, que es le mero filtrado: una persona que tiene a su disposición unos datos que son secretos y que los ha filtrado, y además con un grave perjuicio para la víctima. Nosotros, sin prejuicio de esto, decimos que previamente a esto hay un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que es el 197 del Código Penal. El fiscal general del Estado no tenía poder directo de esos datos, y tuvo que acceder ilegalmente a los mismos.

—Ustedes han pedido ya su cese.

—Hemos pedido expresamente que sea suspendido. Está previsto en el Articulo 145 del Reglamento de la carrera fiscal. Cuando se dicta auto de apertura de juicio oral, que es lo que va a pasar en los próximos días, se tiene que proceder a la suspensión de cualquier miembro del ministerio fiscal.

—Como fiscal en excedencia y expresidente de APIF, ¿qué opinión le merece el procesamiento?

—Para no manchar la institución, García Ortiz tendría que dimitir. Ahora tendrá que ser cesado. Mucho me temo que es una pieza indispensable para el Gobierno. El fiscal general no solo esta en este asunto que le atañe de forma personalísima. Está haciendo que fiscales no acusen al hermano de Sánchez, a la mujer del presidente, que no pidan comparecencias de prisión en temas como el de las mordidas de constructoras. Es el dique que está salvaguardando el entorno del presidente y que está a punto de romper.

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