Bruselas embarga 1.100 millones de ayudas a España por no subir el diésel ni penalizar los abusos en la contratación de interinos
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Libera el quinto pago de los fondos europeos, pero reduce su importe por el incumplimiento de ambas reformas
08 jul 2025 . Actualizado a las 08:47 h.La Comisión Europea autorizó ayer el quinto desembolso de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una inyección de 22.926 millones de euros netos (de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias a fondo perdido y 15.935 millones a préstamos), la mayor recibida hasta ahora por ningún país de la UE dentro de este programa, pero inferior a lo previsto por la decisión de Bruselas de embargar cerca de 1.100 millones por los incumplimientos del Gobierno en tres de las reformas pactadas.
Una de ellas tiene que ver con la digitalización de entidades regionales y locales, un punto sin mayor trascendencia y en el que el Ejecutivo espera solventar sus diferencias de criterio con los técnicos comunitarios en las próximas semanas. Nada que ver con los otros dos asuntos pendientes, mucho más enquistados y a los que será difícil darles solución para desbloquear la llegada de los fondos embargados.
El primero es la subida de impuestos al gasoil para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina, un cambio legal que Hacienda ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, pero que no ha conseguido nunca el aval del Congreso, por la negativa de algunos socios, como el PNV o Podemos, a asumir una medida impopular entre la población. Desde el ministerio que dirige María Jesús Montero recordaron ayer que, tras varios globos sonda, el Gobierno decidió incluir la retirada de la bonificación fiscal al diésel en una enmienda parlamentaria que acabó decayendo por falta de apoyos en la Cámara. Y aunque luego amagó con aprobar la medida por decreto, el evidente riesgo de que no se convalidara el mismo le ha llevado a retrasar sine die su aprobación, asumiendo el riesgo de que, como ha ocurrido, acabaría provocando el bloqueo de parte de los fondos europeos.
El tercer incumplimiento, y el más grave a juicio de la Comisión Europea (que le impone un embargo de 626,6 millones de euros, más de la mitad del total), es el que tiene que ver con las reformas para prevenir y castigar los abusos en la contratación de interinos en las Administraciones.
Este hito iba asociado al primer desembolso de los fondos Next Generation, y aunque en diciembre del 2021, cuando se solicitó la evaluación de ese pago, se dio por satisfactoriamente cumplido, las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre los interinos han llevado a la Comisión a revisar su posición.
En concreto, el Gobierno comunitario explica en su resolución que los magistrados de Luxemburgo han determinado que la indemnización tasada de 20 días por año, con un tope de una anualidad de salario, para los interinos que pierdan su plaza tras los procesos de estabilización, un importe homogéneo que se aplica sin tener en cuenta la situación particular de cada caso, no se puede considerar una medida suficientemente disuasoria para prevenir los abusos en la temporalidad y cumplir lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.
En línea con el criterio del TJUE, la Comisión califica las medidas tomadas por España para reducir la temporalidad en el empleo público (que sigue cerca del 30 % triplicando el objetivo fijado del 8 %), de «ambiguas y abstractas», al tiempo que afea que la Administración no asuma una «responsabilidad clara» para solucionar la situación.