Desde hace dos meses se repiten las movilizaciones contra el Gobierno del país y la Administración Trump
08 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Al grito de «esta patria no se vende» miles de personas lanzan consignas contra sus políticos y contra el Gobierno de Estados Unidos frente al Parlamento de Panamá. Es viernes y día grande de manifestación en el corazón de la frenética y calurosa capital. Son unas protestas nacionalistas. El rojo, blanco y azul de la bandera nacional se mezcla con las enseñas de las organizaciones sindicales mientras contingentes de policía observan atentamente. Esa escena se repite todas las semanas desde el pasado 23 de abril, cuando estalló una huelga indefinida en la que tiene mucho que ver la Administración Trump. La normalidad se ha interrumpido en el país durante unas protestas que dejan, al menos, un fallecido y centenares de heridos y detenidos.
Tres son los motivos principales de los huelguistas para salir a marchar: una reforma de las pensiones que, aseguran, dejará jubilaciones de miseria; el amago de reapertura de una polémica mina canadiense, clausurada en el 2023 por el Tribunal Supremo, y la firma de un memorando de entendimiento entre Panamá y Washington que permite la vuelta de las tropas estadounidenses a instalaciones estratégicas en torno al canal interoceánico.
«Estamos regresando a lo que en algún momento llamamos la quinta frontera, cuando Estados Unidos no permitía ni siquiera a los panameños cruzar a territorio patrio, donde estaban ellos, a agarrar una fruta», comenta Irving Pinzón, integrante de Suntracs, un sindicato de obreros de la construcción que lidera las protestas en la capital. Critica el memorando de entendimiento en defensa cerrado en marzo entre el presidente Raúl Mulino, que llegó al poder en el 2024 con el 34 % de los votos y es apoyado por la clase empresarial panameña y el jefe del Pentágono, Pete Hegsesh. «Es una humillación. Estamos retrocediendo en soberanía».
Trump aseguró nada más asumir su mandato que EE.UU. debería «retomar» el canal de Panamá, terminado por su país a principios del siglo XX y devuelto al país en diciembre 1999, por una supuesta influencia China.
Las autoridades panameñas firmaron un acuerdo que, aseguran desde el Gobierno, apacigua la situación y no vulnera la soberanía porque el país centroamericano continúa teniendo el control de las bases y acceso a las mismas, postura que los manifestantes no comparten.
Bajada de las pensiones
Irving se ha levantado muy temprano esa mañana para recorrer las obras de la ciudad con el objetivo de reclutar a sus compañeros, repartir las banderas rojas de un sindicato que define como «clasista y revolucionario» y salir a marchar. Su discurso se enciende cuando habla de la polémica reforma al seguro social, que supone el cambio desde un sistema de solidaridad intergeneracional, como el que existe en España, a uno de cuentas de capitalización individual, como el que se ha desarrollado en países como Chile.
«Antes de la ley se estaba hablando de que el trabajador panameño se jubilaba con un 60 % de el salario de sus diez últimos años. Ahora estamos hablando de pensiones reducidas a un 35 % del sueldo», señala.
Denuncia que dos líderes de su sindicato han sido arrestados. Uno continúa en prisión domiciliaria. Un tercero está refugiado en la Embajada de Bolivia ante su posible detención. El Gobierno, por contra, señala que los líderes obreros buscan derrocarlo, y Mulino califica a Suntracs como una «mafia».
En la calle también marchan los profesores. Destacan por las camisetas azules que muchos portan, color del sindicato de maestros. «La reforma del seguro social va a impedir que los jóvenes entren al campo laboral porque la población más veterana va a estar cautiva y va a tener que mantenerse trabajando porque con la pensión que reciba no tendrán suficiente para subsistir. Tendrán que pasar del trabajo a la tumba», asegura Armando Guerra, uno de los líderes de los maestros.
«Aquí los chinos no tienen bases militares. Ni lo hemos permitido ni lo vamos a permitir»
Habla mientras organiza unas bolsas de ayuda a docentes que han perdido su salario por protestar. Desmiente las razones de la Administración Trump para «reclamar» el canal. «Aquí los chinos no tienen bases militares. Ni lo hemos permitido ni lo vamos a permitir».
La situación más tensa de la crisis se produjo a principios de junio en la provincia norteña de Bocas del Toro. Allí la multinacional bananera estadounidense Chiquita, heredera de la oscura United Fruit, despidió a 6.500 trabajadores huelguistas y se dieron bloqueos de carreteras durante semanas.
El Gobierno llegó a un acuerdo con los manifestantes pero el arresto de un líder sindical reinició el conflicto durante días. Mulino declaró el «estado de urgencia» y se produjeron disturbios y choques entre los trabajadores y las fuerzas del orden que dejaron un manifestante fallecido. Numerosos actores de la sociedad civil piden un diálogo en profundidad entre las partes en conflicto que todavía no se ha producido.