España, entre los pocos países de la UE sin una agencia independiente contra la corrupción
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«Seguimos estando mucho más atrás» que nuestros vecinos, denunció Urtasun
11 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.En la sesión del miércoles en el Congreso, cuando Pedro Sánchez presentó sus 15 medidas contra la corrupción y consiguió patear unos metros hacia adelante la legislatura, Sumar llevaba los deberes hechos. «Hicimos un ejercicio de comparación con los demás países de la UE —dijo Ernest Urtasun este jueves en la Cadena Ser—. Y en muchas cosas seguimos estando mucho más atrás». El ministro de Cultura denunció que España era, hasta ahora, uno de los pocos países del club comunitario sin una agencia independiente contra la corrupción. Habló de auditorías aleatorias a eurodiputados, de multas ejemplares y de inhabilitaciones «muy largas». Pero ¿cómo son realmente las herramientas anticorrupción en el extranjero?
Unión Europea
El periscopio de la OLAF. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Veintisiete deben «combatir el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros» comunitarios. Es en este contexto que la Comisión Europea creó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 1999.
Este organismo, encargado de investigar la corrupción y el fraude al presupuesto de la UE, recibe información de controles efectuados por los responsables de la gestión de fondos europeos, aunque también de soplos de trabajadores de las propias instituciones o de ciudadanos, que tienen disponible una plataforma para denuncias en línea.
Eso sí, la OLAF no puede iniciar por sí sola procedimientos penales, por lo que se limita a emitir recomendaciones a las instituciones o autoridades implicadas. Solo en el 2024, recomendó la recuperación de más de 870 millones de euros de fondos europeos utilizados de forma indebida e impidió que se gastaran ilícitamente más de 40 millones.
Para España, el ejemplo más reciente y significativo es el caso Koldo. En el 2024, Bruselas solicitó a la oficina antifraude investigar las presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante el covid por las que fue detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. La misión de este organismo es analizar por la vía administrativa si en este supuesto fraude hay dinero proveniente de fondos de la UE, un trámite que se puede alargar durante meses.
Francia
AFA, más prevención que sanción. En Francia se creó en el 2016 la AFA (Agencia Francesa Anticorrupción) para ayudar a las autoridades a prevenir y detectar los fraudes. Se encarga de recibir y canalizar las denuncias de presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, toma ilegal de intereses, malversación de fondos públicos y favoritismo. Y ese control se aplica tanto a las entidades públicas como a algunas privadas, concretamente las grandes empresas con más de 500 empleados y una cifra de negocios anual superior a los cien millones de euros.
Es el caso, por ejemplo, de la Federación Francesa de Fútbol. La AFA denunció, entre otros fallos, «situaciones de conflictos de interés», especialmente entre el expresidente Noël Le Graët y una sociedad bretona proveedora de servicios de la FFF, así como la falta de control de los «gastos por desplazamiento» de Le Graët, que en la temporada 2021-2022 ascendieron a 19,6 millones de euros.
La agencia comprende una comisión de sanciones cuya función consiste en requerir el cumplimiento de las obligaciones legales en un plazo máximo de tres años, imponer multas de hasta 200.000 euros para las personas físicas y de hasta un millón para las jurídicas, y exigir la publicación y difusión de la resolución por la que se impone un requerimiento o una multa. El sistema permite a las empresas sospechosas de corrupción que paguen una multa si quieren evitar sanciones mayores, aunque al menos desde el 2022 no se ha registrado ninguna sanción.
Reino Unido
Dos instituciones antifraude. La corrupción en el Reino Unido avanza. Al menos esta es la percepción que tienen los ciudadanos y empresarios, según el último informe de Transparencia Internacional, que coloca al país en el puesto 20 de los 180 evaluados, el lugar más bajo desde el 2012. Esto a pesar de que el país cuenta con dos organismos para combatir los sobornos e irregularidades administrativas: La Oficina contra Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA).
La primera fue creada en 1988, después de una serie de escándalos financieros que sacudieron a la City londinense en los años setenta. Y la segunda nació en el 2013, tras la fusión de varias agencias que luchaban contra delitos como el tráfico de personas o el narcotráfico. La SFO tiene 35 causas penales abiertas y otras 130 investigaciones, incluyendo procesos penales y civiles, así como de asistencia internacional. En lo que va del año, ha conseguido congelarle 2,5 millones de libras (2,9 millones de euros) a Timothy Schools, un abogado condenado por apropiarse de más de cien millones (116 millones) de inversionistas.
La NCA, por su parte, consiguió el año pasado desvelar una trama que sobornaba a funcionarios en Moldavia y otros países para eliminar a personas buscadas por Interpol de su base de datos.
Italia
Polémicas en torno a la ANAC. Desde el 2014, la prevención de la corrupción en las administraciones públicas, así como en las empresas participadas y controladas por el Estado en Italia, está a cargo de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), un organismo independiente cuya creación fue impulsada por el entonces presidente del Consejo y secretario del Partido Demócrata, Matteo Renzi. Cuenta con una plantilla de unas 320 personas y está dirigida por un órgano colegiado compuesto por un presidente y cuatro profesionales ajenos a la política, con un mandato de seis años. Eso sí, son nombrados por decreto del presidente de la República, previa deliberación del Consejo de Ministros, lo que ha suscitado críticas sobre su independencia real.
Según informó el entonces presidente de la ANAC, el fiscal Raffaele Cantone, entre el 2016 y el 2019 se descubrió un caso de corrupción a la semana. No obstante, las críticas nunca han faltado, especialmente las que interpretaban la lucha contra el fraude como una traba a las obras públicas, en vez de como un instrumento eficaz contra las actividades ilícitas. En el 2019, el Ejecutivo formado por el Movimiento 5 Estrellas (izquierda antisistema) y la Liga (extrema derecha) aprobó un decreto que mitigaba las medidas de transparencia en la contratación pública. Unas semanas después, Cantone dimitió de su cargo.