Análisis de las 15 medidas del Gobierno contra la corrupción: «Hay que sacar a los partidos de los espacios de control de la corrupción»
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Los expertos consultados valoran las medidas y piden recursos y más concreción
24 jul 2025 . Actualizado a las 19:59 h.Analizamos con tres expertos algunos aspectos de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en su plan estatal de lucha contra la corrupción.
La Agencia de Integridad Pública Independiente. El plan contempla la creación de este órgano, con legitimidad para abrir investigaciones y con la misión de coordinar el trabajo de los organismos ya existentes. «La clave será la elección de los miembros directivos, que deben ser personas de reconocido prestigio e independencia», destaca José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. «Depende de si le darán medios suficientes y de que no solape a otros organismos. El nombramiento del director no puede venir de una negociación política al uso. Hay que sacar a los partidos de estos espacios de control de la corrupción», añade Fernando Vázquez-Portomeñe, catedrático de Dereito Penal por la USC.
Ley de Administración Abierta. Incluye un refuerzo integral de los datos del Portal de Transparencia de la Administración del Estado. También promueve «exámenes aleatorios» para altos cargos. «Tiene que haber un seguimiento y un registro. No basta con introducir el patrimonio el primer día y, cuando uno se va, pues adiós», destaca María José Rodríguez Puerta, doctora en Derecho Penal y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La norma buscaría hacer obligatorio que los funcionarios denuncien conflictos de intereses o hechos corruptos. Gimeno destaca que ya cuentan con esta obligación, pero que faltan asuntos por precisar: «Es más importante aclarar cuándo existe ese conflicto de intereses, real o aparente, y qué medidas deben tomarse».
Un escudo para el informante. Ya existe una ley similar, la 2/2023 de Protección al Denunciante. El plan contempla indemnizar posibles represalias y ampliar los plazos de protección. Pero, ¿qué carencias tienen hoy en día los informantes de casos de corrupción? «Debe garantizarse el anonimato, de lo contrario existe un freno muy evidente para los que hayan detectado actuaciones irregulares», explica Gimeno. «Los necesitamos y hay que protegerlos y blindarlos. En ocasiones, las empresas, algunas con mucho dinero, consiguen sentencias que los condenan por revelación de secretos. Hay que ponérselo fácil y que sepan hasta dónde pueden llegar en las pruebas que presenten», argumenta Puerta. «Hay que trabajar más los canales internos y determinar desde qué momento pueden acceder a la protección», añade Vázquez-Portomeñe.
Secciones de los juzgados especializadas. El plan estatal contempla la creación de «secciones específicas de anticorrupción con jueces especializados». «Soy partidario, pero que no sean exclusivamente sobre corrupción, sino de delincuencia económica. La corrupción, a día de hoy, es económica esencialmente. Las grandes tramas funcionan como delincuencia organizada», añade Vázquez-Portomeñe. «En ocasiones, estos procedimientos son muy complejos y van a juzgados pequeños, sin ninguna experiencia. Se necesita esa especialización, y también en la policía», destaca Puerta.
Registro de lobis. El proyecto estratégico incluye la creación de un registro de grupos de interés. «Resulta necesario en cualquier país democrático. No es que los grupos de interés sean actividades irregulares, sino que se trata retener información para poder detectar posibles sesgos en las tomas de decisiones», añade Gimeno. «Los registros de lobis sirven para el escrutinio público de las decisiones. Cuanta más luz y taquígrafos, más transparencia», reflexiona Vázquez-Portomeñe.
Lista negra de empresas. El proyecto plantea la creación de una llamada lista negra de empresas condenadas por corrupción, que quedarían expuestas e inhabilitadas para concurrir en concursos públicos. «Las prohibiciones de contratar me parece de lo más importante. Sobre las sanciones, las grandes empresas las prevén en su contabilidad, aunque no lo dicen. Compensan costes, pero no pueden hacerlo con las prohibiciones de mantener contacto con las administraciones», asegura Puerta. «Hay que trabajar con la ingeniería de la corrupción: si se cambian de nombre, ¿qué pasa? Si se bloquea a la filial, pero no a la matriz, no se ha hecho nada. Tenemos que avanzar mucho», destaca Vázquez-Portomeñe.