Inspectores y técnicos de Hacienda rechazan el cupo catalán y avisan de sus consecuencias
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Puigdemont pretende tumbar la financiación singular en el Congreso
16 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Rechazo unánime de los técnicos e inspectores de Hacienda al cupo catalán. Las principales organizaciones que agrupan a los profesionales tributarios en España advirtieron este martes como una sola voz de las consecuencias «muy negativas» del modelo de financiación singular pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dejaron claro que el sistema anunciado el lunes en Barcelona «pone las bases de un modelo tributario federal», que no está regulado en la Constitución ni en ningún marco legal o reglamentario. De manera que, mientras no se modifique la normativa, «el nuevo régimen es ilegal, además de vulnerar los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la carta magna».
También niegan los argumentos de los Ejecutivos central y catalán, en el sentido de que el nuevo modelo es «generalizable» a todas las comunidades autónomas. El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, niega la mayor: «Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos y, por tanto, pasaremos a tener ciudadanos de primera y de segunda». En su opinión, de materializarse, el acuerdo tendría dos consecuencias inmediatas «muy graves». En primer lugar, supondría «dinamitar» el sistema tributario, «incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria». En segundo lugar, el Estado no dispondría de fondos para atender sus funciones, «para abonar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como el mínimo vital, o los ertes que tuvimos en época de pandemia», sostiene Peláez.
En el mismo sentido crítico, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) subraya que el artículo 149.1 de la Constitución otorga al Estado en exclusiva la capacidad de regular el sistema tributario general. Para que una comunidad autónoma asuma la gestión total del IRPF, «es imprescindible» reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), las leyes orgánicas de los Estatutos de Autonomía; la ley 21/2001, que amplió la cesión de tributos; y las leyes específicas de cesión de tributos a cada comunidad. «Sin estas reformas, cualquier cesión integral del IRPF quedaría fuera del marco constitucional», sentencian.
Ante la tensión política y la falta de consenso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Gestha ve más factible un «avance gradual», que pase por dotar de más capacidad normativa a las comunidades y una gestión compartida del IRPF, «no exclusiva». En números del sindicato, cuando la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación del 100 % del IRPF (27.590 millones de euros, para ser exactos), pasará de recaudar 5.238 millones en la actualidad a 38.238 millones en el 2026, hasta seis veces más. Algo para lo que la región, que arrastra un déficit histórico de opositores para la administración tributaria, no está preparada. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, serían necesarios hasta 5.200 funcionarios (hoy son unos 850), al menos 2.000 de ellos inspectores, lo que podría llevar hasta una década.
Cifras en octubre
El propio Gobierno catalán admite las dificultades, tanto técnicas como legales, para desplegar el cupo. Sobre las fechas y cifras que no se dieron el lunes, la consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, aseguró este martes que el grupo de expertos encargado de diseñar el nuevo modelo «sí está haciendo los cálculos y los escenarios» correspondientes, que esperan poder tener a la vuelta del verano, entre septiembre y octubre próximos. Aunque el acuerdo de investidura con Esquerra fija que el IRPF se asumirá en su totalidad en el 2026, Romero reconoció que «gestionar el 100 % para el 1 de enero será complicado porque no tenemos la agencia preparada».
Puigdemont pretende tumbar la financiación singular en el Congreso
Si la financiación singular depende de los siete diputados de Junts en el Congreso, el acuerdo del lunes entre el Gobierno y la Generalitat puede considerarse papel mojado. En estos términos se expresaron tanto el líder de Junts, Carles Puigdemont, como su número dos, Jordi Turull. El expresidente catalán cargó contra el modelo por «generalizar aquello que es singular», después de señalar que «cuando los españoles dicen café para todos quieren decir, en realidad, posos para los catalanes». En su cuenta de X, el de Waterloo aseguró que «la intención de generalizar aquello que es singular, justamente para que deje de ser singular, ya debería dar alguna pista sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones». Por su parte, el secretario general del partido independentista fue más rotundo, al anticipar la negativa de Junts a apoyar el texto cuando llegue a la Cámara Baja: «Si esto de ayer [por el lunes] se traduce en un papel que en el Congreso se tiene que votar, nosotros no podemos votarlo de ninguna de las maneras». Turull rechazó incluso la posibilidad de sumarse al acuerdo durante la tramitación parlamentaria. «No se trata de presentar una enmienda para matizar y ver si lo podemos arreglar; del expolio fiscal no se arregla nada», subrayó en declaraciones a TV3.
Pilar Alegría asegura que «no es un privilegio»
Por parte del Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría aseguró que la financiación singular catalana no es un «privilegio» e insistió en que el modelo será «aplicable» al resto de comunidades. En respuesta al alud de críticas provocado, la titular de Educación aseguró que el Ejecutivo «respeta las diferentes opiniones» y defendió que la bilateralidad es «compatible» con la multilateralidad. Alegría pasó de puntillas sobre el principio de ordinalidad, otra de las patatas calientes del cupo catalán, recogido en el preámbulo del acuerdo como un planteamiento de la Generalitat, no del Gobierno central. En Esquerra exigen más concreción sobre este punto. «No puede ser que no se hable con claridad y que solo forme parte del preámbulo; Cataluña está harta de los preámbulos», se quejó en la Ser la portavoz de los republicanos en el Parlamento catalán, Ester Capella.