El plan de financiación que el Gobierno ha planteado para Cataluña no es viable
19 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El nuevo modelo de financiación para Cataluña, que será «federal, singular y generalizable» a las demás comunidades autónomas, según el Gobierno, contiene una contradicción. Si es «singular», no puede ser para todos, porque perdería esa característica. Los politólogos consultados por La Voz analizan el plan y sus consecuencias políticas.
el modelo
Inviable legal y técnicamente. La politóloga y consultora Ana Salazar, directora general de Idus 3, asegura que «lo primero que hay que entender es el momento. El anuncio del modelo de financiación singular no llega en abstracto: aterriza justo después del pleno sobre el caso Cerdán, con un Gobierno debilitado, a la defensiva y urgido por cambiar el foco mediático. No es casualidad». «Moncloa redirige la conversación hacia el eje territorial, un terreno en el que aún cree tener margen político y capacidad de relato», explica. Lo cierto es que «el modelo propuesto no es viable hoy por hoy, ni legal ni técnicamente». «Para que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos se necesitaría reformar varias leyes orgánicas, coordinar sistemas fiscales y posiblemente rehacer parte del marco constitucional», destaca. «No solo no existe esa mayoría parlamentaria, sino que la estructura actual no tiene el músculo necesario para asumir esa carga», añade.
la contradicción
¿«Singular» y extensible a las demás autonomías? «El Gobierno insiste en que este modelo podría aplicarse al resto de comunidades, pero la percepción es otra: la de que Cataluña consigue un trato diferenciado mientras el resto espera turno, y en política la percepción importa tanto como el diseño», señala Salazar. «Más que una solución territorial, el Gobierno corre el riesgo de haber puesto sobre la mesa una nueva fuente de tensión narrativa y territorial difícil de controlar», sostiene. «No es solo la palabra “singular”, que genera rechazo automático en muchos territorios, es la sensación de que se está desdibujando el principio de justicia social en favor de una ordinalidad difícil de explicar y aún más difícil de justificar», afirma. Y, además, «hay una incoherencia de fondo: ¿cómo puede ser un modelo “singular” si luego se dice que es extensible a todas las comunidades?». «Si todas pueden adherirse, entonces no hay singularidad, hay reforma del sistema», argumenta la politóloga.
la plasmación
Un proceso lento e intrincado El profesor y analista Carlos Barrera, director del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, se pregunta «si se trata realmente de un plan». «Como ha expresado Esquerra, le falta concreción, y es más que plausible que haya sido este el efecto buscado por el Gobierno, sabedor de las múltiples voces en contra que ha levantado y seguirá levantando», expone. «En un momento de máxima precariedad parlamentaria, le conviene al Ejecutivo de Sánchez ir pausando esta cesión de tal modo que perjudique lo menos posible sus intereses electorales en muchas comunidades autónomas que se pueden sentir legítimamente agravadas por el trato privilegiado a Cataluña», explica. Pronostica que «si el plan, con más lentitud de lo querido inicialmente por los independentistas, va saliendo adelante, le espera un largo y no fácil camino jurídico». En todo caso, «cambiar la percepción pública de los privilegios y de los agravios, ya instalada en buena parte del electorado, no resulta tarea sencilla».
«Ahondaría en nuestro modelo territorial asimétrico, que da competencias y financiaciones diferentes a distintos territorios, como Navarra y el País Vasco», estima Javier Lorente, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
EL IMPACTO ELECTORAL
Divide a la izquierda. «Se trata de un asunto divisivo en la izquierda, pero que une a las derechas en su rechazo», asegura Lorente. «La izquierda aparece dividida tanto regionalmente, como por sus principios, lo que puede generarle costo electoral», apunta. Pero «la exageración de la derecha con el asunto territorial y la rotura de España tiene cierto agotamiento entre el electorado y difícilmente podrá convencer a más electores».
ERC y Junts: estrategias e intereses diferentes
«A ERC le conviene no romper con el Gobierno porque entonces no podría obtener nada de lo que está intentando», sostiene Barrera. Además, «necesita algún tipo de victoria, siquiera sea simbólica, que esgrimir ante su gran rival electoral en Cataluña, Junts». «Al partido de Puigdemont el planteamiento de que sea generalizable le suena de nuevo al “café para todos”; de ahí que lo invaliden y traten de desacreditarlo, viendo una maniobra más de engaño de los socialistas», señala. Pero «tanto a Junts como a ERC les sigue conviniendo no romper con el PSOE de Sánchez». Según Lorente, «ERC tiene que buscar un equilibrio entre lo que piden sus bases más independentistas y lo que es realista para la formación, a la que no conviene un adelanto electoral». Distinto es Junts, que «tiene un electorado más independentista y ha dado muestras de no importarle que el Gobierno caiga pese a la no resuelta amnistía de Puigdemont», afirma.
Salazar considera que «ERC necesita marcar perfil ante su electorado mostrando logros concretos derivados de su pacto con el PSOE». Por eso, «pese a su retórica crítica (“no es lo esperado”, “nos falta concreción”), no rompe con el Gobierno». En cambio, «Junts no tiene incentivo para validar un acuerdo promovido por ERC y el PSC, su reacción (“esto no es ni modelo ni financiación singular”) es coherente con su estrategia de desgaste de ERC en el tablero catalán». «Junts busca capitalizar el descontento de un independentismo que percibe el acuerdo como insuficiente, lo que podría dificultar su disposición a nuevas alianzas en Madrid», resalta. En clave interna, «intenta presentarse como la única fuerza que no se pliega a la política de ‘migajas’ de Moncloa, es un movimiento calculado dentro de la batalla por la hegemonía del espacio nacionalista». «Si ERC endurece su posición por falta de avances concretos o si Junts se radicaliza para recuperar iniciativa, la legislatura estaría acabada», concluye.
Un argumento perfecto para que el PP alimente su relato de agravio territorial
«Es otra cuestión más que añadir a las varias en las que el Gobierno ha cedido ante las exigencias de los independentistas», afirma Barrera. En su opinión, «es de las más complicadas por tres razones». Una, «porque los pasos jurídico-legales que habrá que ir dando exigen reformas sustanciales de leyes orgánicas como la Lofca y acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Dos, «porque se ha puesto en bandeja al PP un argumento fácil de vender electoralmente». Tres, «porque se prevé largo y complicado el proceso para que Cataluña cuente con los recursos necesarios para la creación de la agencia tributaria propia».
Salazar señala que «el PP ha encontrado en este acuerdo una pieza perfecta para alimentar su relato de agravio territorial, que además conecta muy bien con el malestar de fondo que existe en muchas comunidades —incluidas algunas gobernadas por el PSOE— sobre la falta de equidad en el reparto de recursos». «El Gobierno puede insistir en que este modelo es generalizable, pero el mensaje que cala es otro: Cataluña consigue un trato preferente, y eso es gasolina para el discurso de “España se rompe” que el PP lleva años construyendo», explica. Además, «este acuerdo se produce en un contexto en el que la tensión territorial ya no moviliza solo a las derechas, sino también a una parte del electorado socialista».
Cesión a un chantaje
«Lo vimos con la amnistía y ahora con la financiación: cada movimiento para contentar a ERC o a reforzar la bilateralidad con Cataluña se interpreta, fuera de ese territorio, como la cesión a un chantaje», añade. «Aunque el modelo se ofrezca como voluntario y extensible, la narrativa es de privilegio, no de reforma federal», sostiene. Para ella, «el PP no necesita proponer una alternativa completa; le basta con explotar las contradicciones del Gobierno y amplificar el malestar». Este plan «da al PP una ventaja clara, refuerza su posición en comunidades clave y acentúa la idea de que Sánchez gobierna a base de concesiones». Sin embargo, Lorente apunta que «es difícil activar más este tema de lo que ya lo está en la agenda, por lo que es probable que queden pocos españoles sin haberse movido electoralmente por esta razón».