El horizonte judicial de Begoña Gómez se complica con cinco imputaciones
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El PP pide respeto al auto y el Ejecutivo denuncia una «campaña de acoso»
20 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Entre dos y seis años de prisión es la pena contemplada por malversación de caudales públicos, el último delito imputado a la esposa del presidente del Gobierno por el juez Juan Carlos Peinado, quien lleva ya 17 meses investigando esta causa, que el Ejecutivo tachó este martes de «prospectiva» y «campaña de acoso».
Begoña Gómez, que debe declarar el próximo 11 de septiembre por la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, que lo hará el día anterior también en calidad de acusada, afronta un quinto delito, tras los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Peinado cambia de parecer
Con su auto de este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contradice el dictado por él mismo el pasado mayo en el que no percibía responsabilidad penal respecto a la malversación por parte de Gómez ni de Álvarez. Su cambio de parecer se ampara en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid del 12 de junio que avalaba esta línea de investigación, y pese a la emitida hace un mes por el Tribunal Supremo, que archivaba su petición de imputar por la contratación de la asesora al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ante la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud», y de la que el togado dice no haber recibido una copia.
Una actitud que criticó ayer el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que denunció el «valor» del magistrado al asegurar «que sabe que existe este auto, pero que, como no se lo han remitido, no ha podido leerlo». En declaraciones a RNE, mostró su «indignación» porque «no puede haber investigaciones prospectivas; no se le puede investigar a usted por ser usted, buscarle distintas causas hasta que encuentre una o la cree». El también secretario general de los socialistas madrileños recordó que el proceso empezó con el rescate de Air Europa; continuó con una carta al empresario Juan Carlos Barrabés; derivó en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid; y «como no aparece nunca nada en ningún sitio, ha acabado en una persona que trabaja en la Moncloa», protestó. «Tengo muy claro lo que está haciendo el juez Peinado, una causa completamente prospectiva, que no tiene ni una sola prueba de nada y va mutando porque el fin es el fin», sostuvo, en clara alusión al lawfare.
Sus acusaciones fueron censuradas por el Gobierno regional de la popular Isabel Díaz Ayuso. El consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, calificó de «insultantes» e «incluso indignantes» las palabras del socialista, y pidió que el Poder Judicial, «dentro de su independencia», llegue a las conclusiones que tenga que llegar. «En este caso ya sabíamos por dónde se iban a producir estas investigaciones [...]. Teníamos una segunda pieza separada, todo esto avalado por la Audiencia, que hablaba precisamente de la posible malversación de caudales públicos por la contratación de una asesora personal que parece que intervenía, de manera supuesta, en actividades personales de Begoña Gómez», admitió Viciana en una visita institucional a Getafe.
«Deshumanización descarnada»
También el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desaprobó la nueva imputación a la mujer del jefe del Ejecutivo. «Sánchez está sometido a una campaña de acoso desde múltiples ámbitos y desde hace muchos meses porque no son capaces de derrotarlo en las urnas y porque sus políticas están siendo buenas para España», valoró en La Sexta. Cuestionado sobre si piensa que ese acoso proviene de Peinado, dijo que «el acoso es muy amplio. Los españoles son muy conscientes; hay una deshumanización descarnada de la figura del presidente del Gobierno en la que se ha perdido ya la medida de todas las cosas».
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, reclamó, en cambio, respeto para la resolución del magistrado. «Nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos las decisiones judiciales. Entendemos que el juez Peinado sabrá por qué imputa por malversación, que él no lo hace así porque sí», apuntó en Antena 3. «En el auto de la Audiencia Provincial, ya se podía prever que su secretaria había sido contratada para poder ganar influencia con respecto a las empresas privadas para las que trabajaba la señora Begoña Gómez», opinó la también diputada por León.