Los conservadores del CGPJ piden que García Ortiz no vaya a la apertura judicial
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También tres asociaciones profesionales se pronuncian contra su asistencia
05 sep 2025 . Actualizado a las 11:52 h.La borrasca política que gira esta semana alrededor del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su asistencia a la apertura del año judicial, arreció este jueves entre los togados. Menos de 24 horas antes del acto, fijado para este viernes a las doce del mediodía en el Tribunal Supremo, la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se posicionó en contra de que García Ortiz participase, porque está procesado y a un paso del banquillo. «Resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere», escribieron los diez vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces. Y le pidieron a su presidenta, Isabel Perelló, que le trasladase al fiscal el rechazo de todos ellos a su presencia.
Esa carta desde el CGPJ se unió a otra queja formal de tres asociaciones de jueces y fiscales, también conservadoras —entre ellas las dos principales de cada rama—. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron el desempeño de García Ortiz más allá de su procesamiento. No querían que se sentase junto a Felipe VI y la presidenta del CGPJ, Perelló. Eso sería, escribieron, «un hecho insólito que despreciaría al rey, minaría la credibilidad de la Justicia y afectaría a todos los jueces y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto a la legalidad».
Feijoo, sin remilgos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, fue quien rompió el hielo el miércoles cuando dijo que no asistiría a la apertura judicial. En un principio, arguyó motivos de agenda —ya se había comprometido con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para asistir a uno de sus mítines—, pero este jueves fue claro: «Someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedentes es un error que no avalaré con mi presencia». Acto seguido, definió a García Ortiz como «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que lo investiga».
Los conservadores del CGPJ fueron algo más considerados: «En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, ni se prejuzga el fondo del proceso en curso. Sin embargo, la coincidencia entre esa condición procesal [de García Ortiz] y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda». En ese sentido, denunciaron «una innecesaria tensión» para «el jefe del Estado, que preside el acto».
Sin embargo, en el ámbito judicial también sonaron voces a favor del máximo responsable del ministerio público. Su presencia en el acto está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que su participación no está en cuestión, dijeron desde la Fiscalía. El sector progresista del CGPJ también emitió su propio comunicado, en respuesta al de sus compañeros, en el que envió «un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional» y expresaron malestar: «La Justicia y el CGPJ no deben instrumentalizarse a intereses políticos de ningún signo».
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa y también moderada, se desmarcó de las otras tres organizaciones. Reconoció que la presencia de un fiscal general procesado puede dar una mala imagen de la profesión, pero matizó que no corresponde a los jueces y fiscales posicionarse. Además, consideró que «no resulta conveniente utilizar la presencia del rey como argumento para instar al fiscal general a no asistir a un acto en el que la ley le reconoce su lugar institucional».