Cada septiembre, la ceremonia de apertura del año judicial constituye uno de los actos institucionales más relevantes en el ámbito jurídico de nuestro país. Con una larga trayectoria histórica, es un evento solemne y formal que marca el inicio del nuevo curso judicial. Es el acto, además, en el que se rinden cuentas con la presentación de la memoria anual tanto del poder judicial como de la Fiscalía. Este ejercicio de transparencia busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y, en definitiva, consolidar nuestro Estado de derecho. De ahí su extraordinaria importancia: implica la oportunidad de evaluar el sistema, identificar áreas de mejora y plantear propuestas de reforma que conduzcan a una Justicia más eficiente.
Este año, sin embargo, el foco no se centra en los retos del sistema judicial, sino en la presencia del fiscal general del Estado en el mismo, circunstancia que ha generado un intenso debate que desvirtúa el sentido propio del acto.
La imagen de un fiscal general del Estado actualmente inmerso en un procedimiento judicial presidiendo el acto, junto con su majestad el rey y la presidenta del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, no es una cuestión menor. La tensión entre legalidad, imagen pública y legitimidad simbólica se hace evidente.
Es cierto que, conforme a la legalidad vigente, el fiscal general del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son inherentes, entre ellas, la de representación de la Fiscalía con su intervención en esta ceremonia solemne. Mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para el ejercicio de sus funciones. Pero no puede ignorarse que esta situación erosiona la imagen de la Fiscalía frente a la ciudadanía.
La confianza ciudadana en sus instituciones no se construye únicamente con normas, sino también con gestos. En un momento de especial sensibilidad institucional, cuidar la imagen de la Fiscalía debería ser una prioridad. Se trata de entender que la legitimidad simbólica también importa. Sin confianza en la Fiscalía, es la Justicia en su conjunto la que pierde en credibilidad.
Lo más preocupante es que esta polémica acabe eclipsando los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra Justicia, como la implantación total de los denominados tribunales de instancia, cuya fase final está prevista para el 1 de enero del 2026. Se trata de una reestructuración de gran calado de la organización judicial tal y como la hemos venido conociendo. Es un proceso complejo, de gran impacto que requiere coordinación y que debería estar en el centro del debate en este nuevo curso judicial.
La apertura del año judicial no debería convertirse en un escenario de controversia ni en un nuevo capítulo del pulso entre instituciones. Este pulso no es nuevo, pero se intensifica en un contexto de polarización política y desgaste institucional. Este creciente choque entre el poder ejecutivo y el judicial —alimentado por reformas como la denominada ley Bolaños, el cuestionamiento permanente de los jueces por parte de partidos que son socios del Gobierno e incluso las recientes declaraciones del propio presidente del Ejecutivo, que ha puesto en duda la imparcialidad de los jueces— desdibuja los límites entre poderes que garantizan el equilibrio democrático y el Estado de derecho. Esta dinámica en la que estamos inmersos erosiona la confianza ciudadana y proyecta una imagen de confrontación institucional que debilita el sistema.
Cuando el ruido mediático y político logra eclipsar el fondo del acto, lo que se pierde es su verdadera razón de ser: una mirada crítica y constructiva sobre el estado de nuestra Justicia. Se pierde la oportunidad de visibilizar los problemas que arrastra el sistema —desde la sobrecarga de los juzgados hasta las reformas pendientes— y de reafirmar nuestro compromiso con una Justicia que debe ser independiente, eficaz, accesible y en la que la ciudadanía confíe.
La Justicia merece ser el centro del debate, no una víctima colateral, y eso exige responsabilidad institucional y altura de miras, para que el acto que inaugura el curso judicial no derive en una ceremonia vacía. No está diseñado para alimentar controversias ni escenificar tensiones entre poderes, sino para identificar los problemas del sistema y renovar un verdadero compromiso con la transparencia y la independencia de nuestro sistema judicial. Frenar el choque entre poderes y preservar la credibilidad del poder judicial y la Fiscalía es la única forma de que la ciudadanía confíe en que el Estado de derecho protege de verdad sus derechos y libertades. A eso apelamos.