Puigdemont frena su recurso en el Constitucional para recusar a tres jueces

Un año y tres meses después de la aprobación de la ley de amnistía, la carpeta del expresidente catalán Carles Puigdemont debía llegar este martes al Tribunal Constitucional. Sus magistrados tenían que pronunciarse sobre el recurso del político independentista ante la decisión del Supremo de negarle el perdón. Y, de paso, resolver las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado julio por su abogado, Gonzalo Boye, en las que pedía la suspensión de la orden de detención que le impide regresar a España, que mantiene vigente el juez instructor Pablo Llarena. En principio, la intención de la corte de garantías era admitir a trámite el recurso, pero denegar la cautelarísima, al entender que «no concurre especial urgencia» para adoptar una medida excepcional «inaudita parte», es decir, sin oír a las partes.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, el prófugo líder del procés dio un nuevo giro de guion al presentar un incidente de recusación contra tres de sus magistrados: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías, considerados del sector conservador. En la exposición de argumentos, Boye pone en duda la imparcialidad de los tres integrantes del tribunal para resolver su demanda de amparo. «La recusación del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño se presenta exclusivamente en este procedimiento constitucional por pérdida de apariencia de imparcialidad, en virtud de hechos y circunstancias referidos directa y únicamente a su intervención potencial en el recurso de amparo promovido por el Sr. Puigdemont», relata el letrado.

Según fuentes jurídicas, con esta maniobra lo único que puede conseguir el fugado a Waterloo es demorar todavía más su ya largo recorrido judicial. Porque la corte de garantías se verá obligada a suspender el señalamiento del recurso, que seguirá pendiente de admisión. Antes, deberá tramitar la recusación de los tres jueces y, una vez resuelta esta, retomar el trámite de admisión desde el principio, lo que supondrá, al menos, un mes de retraso para la resolución del expediente.

Retomado el caso, el tribunal abrirá una pieza de medidas cautelares para que la Fiscalía y el resto de las partes presenten sus alegaciones. En cualquier caso, la intención del TC es resolver primero los recursos de amparo de Junqueras y del resto de líderes del 1-O (Romeva, Bassa, Turull, Puig y Comín) antes de finales de año, que fueron presentados antes, y que condicionarán el de Puigdemont. Y esperar a que el TJUE resuelva las impugnaciones a la ley de amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

Una orden «inadmisible»

En su recurso, ahora en el cajón del TC, el abogado de Puigdemont solicita a la corte de garantías que suspenda la orden de detención contra su cliente al concluir que esta «carece del respaldo de una condena firme», ya que el legislador «ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal» del expresidente mediante «una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada». Boye va más lejos, al calificar la orden de detención de «constitucionalmente inadmisible», y pide su suspensión cautelarísima para evitar que «un representante electo sea privado de libertad en un contexto de judicialización del conflicto político catalán». Respecto al delito de malversación, por el que se le deniega la amnistía, insiste en los argumentos ya conocidos: que todo es «una estrategia de resistencia judicial» a la ley por parte del alto tribunal.

---

---

---