El juez abre juicio contra el fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros
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Rechaza suspenderlo de su cargo debido a un vacío legal, pero remite el auto a la Inspección Fiscal
11 sep 2025 . Actualizado a las 15:10 h.No por esperada, deja de ser una resolución sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado dictó un auto de apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el primero que se sentará en el banquillo de los acusados, salvo que dimita de su cargo antes de hacerlo. El dictamen conocido este martes, de 29 páginas y no recurrible por las partes, se emite tras la apertura del año judicial el pasado viernes —una deferencia institucional para evitar que esta decisión interfiriera en el acto presidido por el rey—; seis semanas después de que la Sala de Apelación confirmara, con el voto en contra de uno de sus tres togados, su procesamiento por la filtración en marzo del 2024 de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la baronesa popular Isabel Díaz Ayuso, en el que este reconocía la comisión de dos delitos contra Hacienda; y cuando aún no se ha cumplido un año desde que el jefe del ministerio público fue encausado por estos hechos.
Hurtado le concede ahora cinco días para que deposite una fianza de 150.000 euros —de no hacerlo, le serían embargados sus bienes— para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, como las costas, la multa contemplada o una posible indemnización por perjuicios morales. Por este concepto, González Amador había pedido el doble, pero el instructor consideró la cantidad excesiva. El juez le da un plazo de diez días a los letrados de García Ortiz para que presenten su escrito de defensa frente a las acusaciones, que solicitan de cuatro a seis años de prisión. Sin embargo, rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de suspender cautelarmente de sus funciones al procesado ya que entiende que existe «un vacío legal» sobre esta posibilidad, y remite el auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda y le informe.
No contempla dimitir
Pese a no concretar indicios objetivos, el instructor acusa al jefe del ministerio público de «haber revelado [...] secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo» al facilitar a la cadena Ser un correo electrónico enviado el 2 de febrero del 2024 por Carlos Neira, abogado de González Amador, a la Fiscalía reconociendo dos delitos por defraudar más de 350.000 euros y ofreciéndose a pactar. Con ello pretendía «ganar el relato» frente a una noticia de El Mundo, que afirmaba que era la Fiscalía quien se abría a negociar. A diferencia del auto de procesamiento de junio, esta resolución excluye la afirmación de que el jefe de los fiscales actuó «a raíz de indicaciones recibidas por Presidencia del Gobierno».
García Ortiz, que no piensa dimitir e insiste en la falta de pruebas y en que demostrará su inocencia en la vista oral, defiende la actuación «absolutamente impecable» del ministerio público para intentar desmentir un bulo. «No puede que ser que la mentira derrote a un fiscal general».