El horizonte del fiscal general: un juicio breve en otoño y posible sentencia antes de finales de año
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Se prevé que la vista oral se celebre en noviembre y dure alrededor de una semana
11 sep 2025 . Actualizado a las 09:47 h.El Tribunal Supremo se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de una investigación por fraude tributario contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una vista oral que previsiblemente se celebrará en noviembre, será breve —durará alrededor de una semana— y podrá contar con sentencia antes de que acabe el año, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El destino judicial de García Ortiz comenzó a dilucidarse el pasado 9 de junio, cuando el magistrado Ángel Hurtado acordó procesarle, junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador. La propia Fiscalía —representada por la número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde— y ambos imputados recurrieron, pero la Sala de Apelación solo estimó la impugnación de Rodríguez, a la que libró del banquillo de los acusados, dejando al fiscal general del Estado a la espera de un último paso procesal, el que dio Hurtado el pasado martes al acordar la apertura del juicio oral.
Una vista compleja
Fuentes jurídicas auguran que será un juicio complejo, tanto por la entidad del acusado —nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Tribunal Supremo— como por las dificultades probatorias del delito apreciado por Hurtado, la revelación de secretos. No obstante, el catálogo de delitos podría ampliarse, ya que el propio instructor menciona en su resolución otros de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos, dos tipos penales que también califican algunas de las acusaciones populares y que podrían elevar la eventual pena hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación.
En cuanto a la prueba a practicar en juicio, las acusaciones reclamaban la declaración de García Ortiz y de numerosos testigos. La acusación particular que ejerce González Amador pide su propia testifical; la de su abogado en el caso por delitos fiscales, Carlos Neira; la del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; la del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; la de cuatro fiscales —Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Diego Villafañe y Julián Salto—; las del responsable de protección de datos de la Fiscalía y dos de comunicación; y las de seis periodistas. La acusación particular también reclama las testificales de la ex asesora de la Moncloa Pilar Sánchez Acera; del que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato; y del exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.
El juicio girará en torno a las testificales que acuerde la Sala de lo Penal, ya que la causa se sostiene en las declaraciones de testigos e imputados; en el informe de la UCO de la Guardia Civil con las comunicaciones de Pilar Rodríguez en las horas clave de la filtración, puesto que García Ortiz borró sus chats y correos; y en las conversaciones de WhatsApp aportadas por Lobato, Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas.