El proceso será breve y la sentencia podría estar lista antes de acabar el año
14 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Este otoño, el Tribunal Supremo vivirá un juicio oral insólito. Por primera vez, un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —rechazó dimitir en la apertura del año judicial—, se sentará en el banquillo de los acusados. Según expresaron fuentes jurídicas a Europa Press, se espera que el proceso judicial sea rápido, de apenas una semana. Comenzará previsiblemente en noviembre y la sentencia final podría estar disponible antes de final de año. El juez instructor Ángel Hurtado acordó abrir un juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Estos son los principales protagonistas de una causa judicial que tiene su origen en febrero del 2024, cuando el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— le envió un correo a una cuenta genérica de la Fiscalía en el que se mostraba proclive a pactar con el ministerio público a cambio de reconocer dos delitos fiscales.
Fiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz. La Sala de Apelación del Supremo —con dos votos a favor y uno en contra— validó la apertura de juicio a finales de julio, que el juez instructor acreditó oficialmente este martes. Está acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El juez instructor esgrime que Ortiz, con el fin de desmentir una información de El Mundo —en la que se contaba que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a González Amador— «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales» para conseguir los correos entre el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa jurídica del empresario, de cara a la publicación de una rueda de prensa. El juez instructor, además, sostiene que Ortiz recibió en su correo personal este documento para «acabar facilitándolo a un medio, como la cadena Ser, para que le diera publicidad».
Juez INSTRUCTOR
Ángel Hurtado. Ortiz borró todos los datos de su teléfono, por lo que no contaba con esta prueba para procesar al fiscal general. El juez instructor del Supremo, que consideró dicho borrado «un obstáculo para la investigación», aseguró que el jefe del ministerio público era «consciente» de que la cadena Ser «revelaría el confidencial contenido». El magistrado incide en que, «inmediatamente a continuación», García Ortiz elaboró la nota informativa. Añade que, antes de la difusión a los medios, el correo «se envió de él a Pilar Sánchez Acera», entonces alto cargo de la Moncloa y hoy número dos del PSOE de Madrid. La Sala de Apelación rectificó al juez, que había reflejado que el fiscal general actuaba bajo la influencia de la Presidencia del Gobierno: «Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible»
Hurtado le dio a Ortiz un plazo de cinco días, que caduca el lunes, para que depositara una fianza de 150.000 euros para asumir las eventuales responsabilidades pecuniarias. El juez, además, rechaza la suspensión del cargo del fiscal general, al remarcar que existe un «vacío legal» en torno a la figura del jefe del ministerio público. Hurtado remitió el auto a la Inspección Fiscal para que decida si procede o no cesarlo.
Pareja de Ayuso
Alberto González Amador. La defensa del empresario exigía el doble de fianza, 300.000 euros, y en junio solicitó cuatro años de prisión para Ortiz. De cara al próximo juicio, solicitará, entre otras, su propia testifical y las de su abogado, Carlos Neira; el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez —quien presuntamente filtró la información del pacto propuesto por la Fiscalía a El Mundo—; el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón y la de cuatro fiscales que tuvieron acceso a su correo electrónico. Entre ellos está la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que la Sala de Apelación del Supremo libró del banquillo. Paralelamente a este juicio, este jueves Hacienda ratificó que González Amador hizo «facturas falsas» para reducir su tributación.
El Tribunal
Siete magistrados. Cinco de los magistrados que juzgarán a García Ortiz conformaron también la Sala de Admisión que abrió la causa contra él: Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Susana Polo. La resolución fue aprobada por consenso. Los dos restantes son el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y su magistrada más veterana, que todavía no ha intervenido en esta causa, Ana Ferrer.