Junts exprime la debilidad de Sánchez y arranca nuevas concesiones al PSOE
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Las grandes empresas deberán dirigirse en catalán a los clientes que lo pidan
18 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Puigdemont está decidido a convertir lo que quede de legislatura en un Dragon Khan para el Gobierno del PSOE y Sumar. «No es país para Sánchez», comenta alguien en los pasillos del Congreso, recurriendo a la antológica cinta de los hermanos Coen. «¿Cree usted que así podrá continuar gobernando?», le soltó a Pedro Sánchez desde su escaño la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Recién llegada de Waterloo, la diputada independentista adoptó un tono nunca visto hasta la fecha, que dejó grogui por momentos a su interlocutor. La mano ejecutora del prófugo expresidente de la Generalitat en la sede de la soberanía nacional lo acusó directamente de «bloquear» los acuerdos de investidura. Y no solo eso; también otras iniciativas de su formación, como la rebaja de la cuota a los autónomos, medidas contra las ocupaciones de viviendas o la multirreincidencia. Algo que Sánchez negó categóricamente: «Tenemos la máxima voluntad de cumplir los acuerdos de Bruselas», dijo sin alzar la voz ni fruncir el ceño.
La estrategia de acoso extremo de los posconvergentes les está dando resultado. Tras la sesión de control, ya en Telecinco, Nogueras se jactó de las cesiones que su partido está arrancando de Pedro Sánchez, que ha pasado del «no a todo, al sí a todo», unas contraprestaciones que «nunca hubieran soñado». La última es la imposición de la atención en catalán a las grandes empresas. «Se ha de normalizar que un ciudadano catalán que se dirige a una empresa que le presta un servicio pueda ser atendido en catalán», explicó. Algo que, según la parlamentaria nacionalista, «enriquece», «alimenta el progreso» y «hará más competitivas» a las empresas. La enmienda al proyecto de ley de atención a la clientela anunciada el martes por Junts lleva la firma también de Esquerra, BNG y Bildu, como se encargó de recordar el portavoz republicano Gabriel Rufián: «Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen lenguas cooficiales en las relaciones con grandes empresas que tienen posibilidad de atender así». El proyecto de ley original recogía la obligación de responder a sus clientes «como mínimo, en castellano». Tras el acuerdo con el ministerio de Derechos Sociales y Consumo, se hará «con la misma lengua con la que el cliente se haya dirigido a la empresa», tanto de forma verbal como escrita.
La imposición lingüística afectará a las grandes compañías de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones anuales, que tendrán que dirigirse en catalán (o en cualquier otra lengua cooficial) a los consumidores que así lo pidan, «sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial», reza el texto. Este último aspecto es el más controvertido. Desde el ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, de Sumar, replican que solo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera, cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales.
Nueva cita en Suiza
Socialistas e independentistas volverán a verse las caras esta semana en Suiza, en una nueva reunión de la mesa de negociación de Ginebra a las puertas de la votación en el Congreso (el próximo martes) de la delegación de competencias en inmigración, otra de las exigencias de Junts. Por parte del PSOE, acudirá José Luis Rodríguez Zapatero, en ausencia del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, hoy en la cárcel. El expresidente del Gobierno tendrá enfrente al propio Carles Puigdemont y a su número dos, Jordi Turull. El martes por la noche, Turull arremetió contra Podemos, del que dijo que «prefiere que gestionen la inmigración el PP y la Guardia Civil que Cataluña y los Mossos d’Esquadra». La formación morada ya advirtió de que votará en contra de que la policía autonómica asuma las competencias en extranjería, que la Constitución atribuye de forma exclusiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ver «motivaciones racistas» en la operación.