Puigdemont mantiene su órdago al PSOE

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante la reunión con Salvador Illa en Bruselas el pasado 2 de agosto
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante la reunión con Salvador Illa en Bruselas el pasado 2 de agosto Jasper Jacobs / Europa Press | EUROPAPRESS

La reunión con Zapatero acaba sin acuerdo y en Junts advierten de que «pasarán cosas»

20 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El órdago de Puigdemont a Sánchez está más vivo que nunca. La reunión entre Zapatero y el líder de Junts no sirvió para disipar los recelos de los independentistas catalanes ante la falta de avances en los acuerdos de investidura. Y así se lo trasladó el prófugo expresidente catalán al expresidente del Gobierno en la cita fantasma celebrada en Bruselas. O quizás en Ginebra… Tal es el nivel de secretismo (y de desconfianza mutua) con que ambos partidos celebran sus encuentros en el extranjero, que nadie fue capaz este viernes de asegurar a ciencia cierta dónde tuvo lugar el misterioso cara a cara de los expresidentes. Ni siquiera que este llegara a producirse. «No puedo corroborar si se ha producido ni dónde», señaló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el aluvión de preguntas de los periodistas que la cercaron este viernes en Córdoba. Aunque Montero se apresuró a dejar claro que el Ejecutivo mantiene un «diálogo fluido» con los partidos que sustentaron la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante los PGE. «También con Junts», añadió. Otro que terció en el asunto fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para quien «es fundamental que esas conversaciones sigan siendo discretas y que el día que haya acuerdos, si los hay, sean públicos». En una comparecencia conjunta con el canciller alemán, hasta Pedro Sánchez negó tener información al respecto: «La sabrán ustedes seguro antes que yo», explicó a la prensa.

La procrastinación con la que se manifiestan los miembros del Gobierno poco o nada tiene que ver con la realidad al otro lado de la mesa de negociación. Según fuentes posconvergentes citadas por la Agencia Catalana de Noticias, Puigdemont trasladó a su interlocutor que «las cosas no van bien». El partido está en plena ebullición. Este sábado celebra consejo nacional en Figueres y el lunes Puigdemont ha convocado a la permanente en Bruselas. Allí dará a conocer los detalles del encuentro y se abordará la espinosa votación del martes en el Congreso, en la que Podemos enterrará la delegación de competencias de inmigración que los junteros arrancaron al Gobierno a principios de año. Sin inmigración y sin aplicación efectiva de la amnistía, al menos a corto plazo, alea iacta est (la suerte está echada). Ya lo dijo Puigdemont a mediados de agosto: «En otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora».

El TJUE, en escena

En el calendario judicial, otra fecha asoma en el horizonte. La amnistía llega al Tribunal de Justicia de la UE el 13 de noviembre, cuando el abogado general, Dean Spielmann, dará a conocer sus conclusiones sobre si la organización del 1-O entra dentro de los supuestos amnistiables o no. Spielmann responderá a las prejudiciales del Tribunal de Cuentas sobre si el dinero público gastado en el referendo separatista del 2017 (unos cinco millones de euros) atenta contra el derecho comunitario de la UE, y si la malversación es amnistiable. Además, se pronunciará sobre el delito de terrorismo, planteado por la Audiencia Nacional sobre los 12 acusados de la operación Judas.

Illa defiende la amnistía

Mientras, el presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, defendió en el País Vasco, concretamente en Vitoria, la «España plural y diversa», así como la etapa de «normalización» que vive Cataluña con su llegada al poder. Y rompió una lanza en favor del independentismo: «Nuestro sistema de convivencia, afortunadamente, permite que si alguien piensa que lo mejor para Cataluña, o Euskadi, o Galicia, o Castilla-La Mancha es la independencia, lo pueda defender y lo pueda argumentar». Después de rehabilitar políticamente a Puigdemont con una entrevista en Bruselas, el dirigente del PSC se ha convertido en el más firme adalid de la amnistía. Este viernes volvió a cuestionar al poder judicial: «Cuando un poder quiere invadir espacios que no le corresponden, vamos mal, rompemos este equilibrio».

Esquerra también aprieta

También los independentistas de Esquerra presionan al Gobierno. En su caso, con la financiación. El grupo parlamentario que dirige Gabriel Rufián presentó en el Congreso, en solitario, una proposición de ley para modificar tres leyes estatales, con el fin de que Cataluña pueda recaudar el 100 % del IRPF. El líder del partido Oriol Junqueras advirtió de que los socialistas se juegan en ello la legislatura, tanto en Cataluña como en el Estado: «El PSC y el PSOE lo tienen muy fácil, deben cumplir con Cataluña; si cumplen, la legislatura es transitable, si no, la legislatura se complica», sentenció.

El PP ataca a Sánchez por decir que no sabe nada de la reunión

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó este viernes de «lamentable» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijera anoche que no sabía nada de la reunión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el «prófugo» Carles Puigdemont, para tratar los Presupuestos del 2026, entre otros asuntos. «Yo no sé a quién cree que engaña», espetó Muñoz.

En su comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Pedro Sánchez dijo no tener información sobre ese encuentro entre Zapatero y Puigdemont y añadió ante los periodistas: «La sabrán ustedes seguro antes que yo». Muñoz reaccionó en una entrevista en Telecinco, donde tachó las declaraciones del presidente del Gobierno de «bastante lamentables».

La portavoz popular también criticó las «cesiones» del Gobierno al independentismo: «Es lamentable ver cómo se reúnen con un prófugo para intentar sacar unos Presupuestos a cambio de ceder absolutamente todo». La última de esas cesiones, comentó Muñoz, la han visto esta misma semana, tras el pacto entre el Gobierno y Junts por el que cualquier empresa de más de 250 trabajadores está obligada a atender en catalán a los clientes que lo soliciten.