Una agresión sexual a una menor en San Sebastián destapa una banda criminal que estafó a más de 300 personas por anuncios de contactos
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Tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, fueron detenidos por delitos de estafa que superan los 55.000 euros
01 oct 2025 . Actualizado a las 20:18 h.La detención de un joven a finales de enero por agresión sexual a un menor en San Sebastián ha permitido a la Ertzaintza desarticular una organización criminal especializada en estafas y coacciones a través de anuncios falsos en plataformas de contactos. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, han sido arrestadas cuatro personas, tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, residentes en la comarca de Donostialdea y a las que les unen lazos de parentesco y afinidad
La organización criminal, que operaba desde septiembre del 2022, habría extorsionado a más de trescientas víctimas, obteniendo un beneficio económico superior a los 50.000 euros a través de anuncios fraudulentos en plataformas de contactos o de citas en línea con contenido sexual. El mayor número de víctimas se encuentra en las comunidades autónomas de Canarias y Galicia.
La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la policía autonómica de San Sebastián, se inició tras la detención de un joven de 20 años por una agresión sexual el 21 de enero a una menor de edad en el albergue turístico de Ulía, de titularidad municipal.
Durante la investigación de este hecho, los investigadores constataron que, en el perfil de una red social utilizada por esta persona, aparecían fotos de diferentes mujeres con un alto contenido erótico y que estas imágenes iban cambiando cada poco tiempo y en los que aparecían referencias con anuncios de contacto en los que se ofrecían servicios de 'escort'.
Su «modus operandi»
Según señala en un comunicado el Departamento de Seguridad, la trama consistía en estafar y coaccionar de forma continuada a las víctimas mediante engaños en las plataformas de contacto. Una vez accedían a las páginas que les proporcionaban su número, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios en los que les reclamaban pagos o adelantos por unos servicios que no se cumplían.
En los mensajes, las víctimas eran coaccionadas o chantajeadas, bajo el pretexto de difundir sus conversaciones y el tipo de servicios contratados a sus familiares cercanos. Muchas de las víctimas accedían a pagar por vergüenza o por miedo a las represalias.
Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos.
El análisis técnico llevado a cabo por las autoridades policiales determinó que los números receptores de los pagos pertenecían a cuentas de los miembros del grupo criminal y estaban relacionados con otras denuncias similares. En muchos casos, el grupo, con una estructura delictiva organizada que actuaba «de forma jerarquizada», solicitaba el abono de una parte del servicio por adelantado y, posteriormente, exigía el pago completo con «diversos pretextos para obtener un mayor beneficio económico».