Ayuso se revuelve contra la orden de crear el registro de objetores al aborto: rechaza que se «estigmatice» a quienes no quieren practicarlo
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La ministra de Sanidad le responde que «la ley se cumple y punto». Insiste en que el Gobierno usará «todas las herramientas a su alcance», lo que en último extremo implicaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución
07 oct 2025 . Actualizado a las 17:20 h.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió este lunes un requerimiento a las cuatro comunidades autónomas que, a estas alturas, todavía carecen del registro de objetores al aborto que exige desde hace dos años la ley. Tanto Asturias como Baleares y Aragón ya han respondido que tienen intención de cumplir y que preparan un decreto para implementar el citado registro. Desde Madrid, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso se muestra reticente. Durante una rueda de prensa tras visitar ayer el nuevo centro Infanto-Juvenil del hospital José Germain de Leganés, insistió en su rechazo a que se «estigmatice» a los sanitarios que se nieguen a practicar interrupciones voluntarias de embarazo. «Estigmatizar a un profesional sanitario por hacer o dejar de hacer no es propio de una democracia liberal», dijo. La presidenta autonómica avisó de que se tomará su tiempo antes de responder por el cauce conveniente al jefe del Ejecutivo.
El registro de objetores de conciencia, en todo caso, no tiene carácter público y es de acceso restringido para la Administración. La propia ley establece, además, que su creación tiene una finalidad meramente organizativa y que debe salvaguardarse la protección de datos de carácter personal. Asimismo, exige tomar medidas para evitar la «discriminación» tanto de los profesionales que practiquen abortos como de los objetores.
El Gobierno no dejará pasar el órdago de Díaz Ayuso. Solo un día después, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido desde Moncloa: «La ley se cumple y punto». «Nosotros ya le damos la respuesta: la ley en nuestro país se cumple y vamos a usar todas las herramientas para que sea así», reiteró. Esa advertencia ya la hizo el propio Sánchez en el escrito formal enviado la víspera. De momento, el Ejecutivo no plantea llegar tan lejos, pero en último extremo, podría llegar a la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía.