Illa afronta su primer gran debate con ERC y Junts a la contra

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ayer llegando al Palau Robert de Barcelona.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ayer llegando al Palau Robert de Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

La sesión en el Parlamento de Cataluña pondrá a prueba al bloque de investidura

07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encara este martes la primera jornada del debate de política general en el Parlamento regional acuciado por la necesidad de presentar avances en las grandes carpetas pendientes: financiación, trenes de cercanías, vivienda, inmigración y presupuestos. Es su segundo debate sobre el estado de la autonomía desde que tomó posesión del cargo en agosto del año pasado, pero es el primero que deberá afrontar con prácticamente toda la Cámara a la contra, comenzando por sus propios socios de investidura.

Tras el primer año de Gobierno, la Esquerra de Oriol Junqueras considera que ya ha pasado tiempo suficiente como para ver concreciones en el principal acuerdo que le abrió las puertas de la Generalitat: la financiación singular, escondida en algún cajón del Ministerio de Hacienda, con su titular mirando más a Andalucía que a Cataluña. Illa trata de mantener el tipo, prometiendo día sí y día también que cumplirá con lo pactado. En la misma situación se encuentran sus relaciones con los comunes, que le exigen pasos firmes para resolver el problema de la vivienda, del que la marca de Sumar en Cataluña ha hecho bandera. «Al Govern le falta ambición», lamentan los de Jéssica Albiach, tras enumerar la larga lista de compromisos incumplidos, como el registro de grandes tenedores, la unidad antidesahucios y las listas de espera en Sanidad.

En Junts tampoco están para allanarle el camino. Al contrario, el fiasco de la delegación de competencias en inmigración pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez lo acabará pagando Illa, al que los posconvergentes presionan para que acepte sus nuevas propuestas en la materia y endurezca los requisitos de acceso a una vivienda social a extranjeros, elevando los tres años de empadronamiento exigidos en la actualidad a diez. En el PP, van más allá, y le plantearán directamente que dimita si no es capaz de aprobar sus segundos presupuestos, después del fracaso de los primeros.