La iniciativa de Vox, aprobada con los votos de los de Feijoo, insta al Tribunal de Cuentas a calcular los gastos de la Administración General del Estado, autonomías y entidades locales en inmigración «ilegal» y menores no acompañados
08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Se recrudece la batalla entre Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal por afianzar al votante contrario a la inmigración irregular. La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas aprobó este martes una solicitud de Vox por la que insta al organismo a realizar un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a lo que denominan inmigración «ilegal» (irregular) y a los menores migrantes no acompañados. La iniciativa de la ultraderecha contó con 20 votos a favor (PP y Vox), 15 en contra (PSOE y socios) y ninguna abstención.
En defensa de la iniciativa, Juan José Aizcorbe, de Vox, señaló que «ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea con regularizaciones masivas». «Ya no bastan los silencios ni las medias verdades. La verdad, si no es toda, ya lo sabemos, se convierte en mentira. Y los españoles merecen la verdad de saber el coste de la inmigración ilegal», expuso. Aizcorbe denunció que no exista un dato global de lo que cuesta la inmigración y que «nadie» se atreva a dar cifras. «La entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito, todos dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa», apuntó.
También negó que la inmigración «pague» las pensiones. «Una falsa consigna para quienes prefieren no mirar las cifras y huir de la verdad», afirmó para añadir que se trata de un «discurso vacío» que «genera confusión y no dignifica la inmigración», sino que «la degrada».
En el grupo de portavoces, el socialista Pedro Manuel Martín aseguró que hay un «control exhaustivo» sobre las ayudas y subvenciones vinculadas a cualquier tipo de colaboración a la inmigración. Por ello, indicó que «no es preciso» recabar ningún informe adicional de fiscalización del Tribunal de Cuentas. «Por lo tanto, esto no es más que una nueva vuelta de tuerca de Vox para hablar de que la ayuda humanitaria que pone en marcha el Gobierno no sirve sino para retirar dinero de los fondos de los españoles para dárselo a los que vienen de fuera», subrayó.
Por parte del PP, María Pilar Alía, apoyó la iniciativa de Vox, y destacó que su formación defiende una política migratoria «ordenada, legal y mutuamente beneficiosa», también «bien gestionada y eficaz». «No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia, porque además entendemos que no hay nada que ocultar», indicó.
Una solicitud «repugnante»
El Grupo Izquierda Confederal tachó la solicitud de los ultras de «repugnante» por «el retorcimiento racista de lo que ellos llaman inmigración ilegal». «Nadie es ilegal por migrar. Se puede estar en situación administrativa irregular, pero les repito, nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia. Ser pobre no es un delito», agregó. Además, instó a Vox a desarrollar «la empatía y la humanidad necesarias para escuchar y apoyar» a migrantes que no han cometido delitos. Y le pidió al PP que «no entre en el juego demagogo y racista» de la petición de Vox.
El Tribunal de Cuentas debe verificar si realizar este informe se acomoda a su mandato legal. Así lo aseguraron fuentes del organismo, que agregaron que, una vez recibe la notificación de petición de una fiscalización, la analiza y verifica que se acomoda a su mandato legal para integrarla en su Programa Anual de Fiscalizaciones.