Junts advierte al Gobierno de que toca hablar «de la hora del cambio»

Algo se está moviendo muy deprisa en las capas freáticas que sustentan a Junts, socio principal del bloque de investidura desde que sus siete diputados en el Congreso dieran el sí a Pedro Sánchez hace casi dos años. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtió ayer al presidente de que «se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio», en velada alusión a un posible relevo en la Moncloa. En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, la posconvergente acusó al socialista de lograr «que la gente esté hasta las narices de todos» y destacó el malestar de la ciudadanía por «no llegar a fin de mes» mientras el dinero público se va «a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación». El discurso de Nogueras sonó, de nuevo, a amenaza cuando apuntó que «luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa». Sin embargo, fuentes gubernamentales redujeron la advertencia de la secesionista a un simple juego de palabras.

Otra estrategia ante Aliança

El establishment del partido heredero de Convergencia, que hasta ahora creía jugarse su supervivencia política en la capital del Estado, afronta, además, el ascenso del independentismo xenófobo. El enemigo está en casa. Y al acecho. «No sucumbáis a las modas», dijo el domingo Carles Puigdemont dirigiéndose al electorado que todavía le es fiel, acongojado por el imparable avance de Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, que en un par de sondeos ya le pisa los talones.

Su discurso supone un punto de inflexión en las relaciones con Sánchez. Por primera vez, la reivindicación de la amnistía y las críticas a la «toga nostra» se quedaron fuera para volcarse en la inmigración, la delincuencia multirreincidente y la ocupación ilegal, un fenómeno que es la primera preocupación de los catalanes, avivado por la escasez de vivienda.

El pasado lunes, en Waterloo, alcaldes de municipios como Vic, Olot y Sant Cugat pidieron a Puigdemont que aparque de una vez el procés y atienda los problemas reales de la calle, que tienen que ver con la seguridad, la okupación y la presión asistencial sobre los servicios públicos. Ante las quejas de los ediles, en el partido exhiben medidas como el endurecimiento de las penas a la multirreincidencia o las desokupaciones en 48 horas, propuestas que hace meses registraron en el Congreso. En el comunicado emitido al término de la cita, la dirigencia negó diferencias con sus líderes locales y achacó la parálisis de sus iniciativas al «bloqueo» que ejerce el PSOE, al que ahora le exigen que se aprueben «con celeridad».

El problema es que las nuevas exigencias de los posconvergentes están en las antípodas de lo que defienden los demás socios del Gobierno (salvo el PNV). Así se vio con el fracaso de la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, rechazada por Podemos. Tampoco gustan a Sumar ni a ERC, que evita referirse a la inmigración como un problema.

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