El testimonio del próximo lunes de Maribel Vilaplana marcará la causa judicial. Salomé Pradas remarca que el presidente autonómico siempre estuvo informado. Un nuevo vídeo muestra a la exconsejera hablando del barranco del Poyo antes del Cecopi
01 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Uno de los vídeos grabados por la productora contratada por la Generalitat muestra a Salomé Pradas mencionando el barranco del Poyo antes incluso del inicio del Cecopi, a las cinco de la tarde del día de la dana, el 29 de octubre del año pasado.
En este breve lapso se escucha a un técnico hablar del riesgo en Cuart de Poblet o Aldaya. «Eso es lo que no está preocupando más», contesta Pradas, antes de añadir: «Sí, el barranco del Poyo». En otras imágenes publicadas anteriormente se muestra a Pradas concretando el contenido del mensaje de alerta, lo que, para muchas acusaciones, sirve para reflejar que tuvo un papel central en la planificación tardía del envío.
La declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana será un episodio clave para definir la situación judicial de Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, requirió ayer a la comunicadora el tique del aparcamiento al que acudió después de su comida con el jefe del Consell. Además, la exconsejera de Interior y Justicia Salomé Pradas —imputada en este proceso, junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso— aseguró a El Diario que el 29 de octubre del 2024 mantuvo informado en todo momento al presidente. En una de las llamadas inatendidas de Mazón, la de las 19.10 horas, le iba a hablar del envío de la alerta. El lanzamiento, uno de los pilares de la investigación judicial, se produjo finalmente a las 20.11.
La magistrada acordó unir al procedimiento el listado de llamadas de Carlos Mazón el 29 de octubre del 2024. La Consejería de Presidencia aportó este registro a las Cortes Valencianas y, ahora, lo reclama la jueza al considerarlo un documento público.
Era abril de este año cuando Nuriz Ruiz Tobarra, la jueza instructora del Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja —entonces provisionalmente en la Ciudad de la Justicia después de que la dana arrasara su sede judicial— rechazó nuevamente abrir diligencias contra el Gobierno central. La responsabilidad de la emergencia, según reflejó en este y posteriores autos, era de la Generalitat, tal como marca el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La coordinación habría pasado a manos del Ejecutivo central con el nivel 3 de emergencias, pero Ruiz Tobarra precisó que ni el Ejecutivo autonómico ni el central acordaron activarlo. «Hubo consenso entre ambas partes de que no procedía tal declaración. Pero además, no era necesaria para activar los protocolos de alerta y protección ciudadana», destacó.
La magistrada no se quedó ahí en aquel auto. «Lo que se ha hecho es reconocer de manera explícita la incapacidad de la Generalitat para gestionar la emergencia», añadió. Era el principio de un proceso judicial que ha ido aproximándose, auto a auto, a la cabeza del Gobierno autonómico.
Para entonces ya estaban imputados los dos ex altos cargos del Ejecutivo valenciano: la exconsejera de Justicia Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
SALOMÉ PRADAS
La jueza rechazó hace tres semanas el recurso de la exconsejera en el que solicitaba el archivo de la causa. La magistrada estimó que ni siquiera ha terminado el proceso de instrucción, pero añade que, en el caso de Pradas, existen además «indicios abrumadores de una conducta negligente». Ruiz Tobarra incidió en «la posición de garante» de la exconsejera, al frente de la gestión de emergencias por su cargo. Asegura, como argumentos para mantener su imputación, que Pradas tuvo un papel principal en las «sucesivas omisiones que se produjeron: desde la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso» al «insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos».
La jueza, que realizó decenas de interrogatorios a familiares y allegados de las víctimas mortales, constató que la mayoría de fallecimientos se produjeron entre las seis y las ocho de la tarde, mientras que la alerta se envió a los móviles a las 20.11 horas. El proceso cogió la envergadura de una macrocausa. Cuenta actualmente con 40 acusaciones populares. Mientras se gestaba el inicio de la instrucción, Pradas aseguró en À Punt que desconocía, hasta las ocho de la tarde, la existencia del sistema Es-Alert y que supo de él a través de un técnico. El Consell alegó que este método de alarma no estaba previsto en los protocolos de prevención. Sin embargo, dos meses antes, fue la propia Generalitat la que informó a los ayuntamientos de la existencia de este sistema en una circular llamada Prevención de inundaciones.
En el último recurso de Pradas ante la Audiencia Provincial, sus letrados remarcan que «se vio condicionada por una información incompleta y la falta de previsibilidad inherente a un fenómeno natural de una magnitud inimaginable que se produjo con una velocidad imparable». Su nueva propuesta de archivo llega después de la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Para la exconsejera, supuso un «punto de inflexión» ya que este, remarcan, «reconoció que en el Cecopi no se manejó información sobre el barranco del Poyo». La jueza instructora ha rechazado en varias ocasiones la imputación del presidente de la CHJ. «No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación», aseguró el pasado 1 de octubre, echando por tierra el argumento del PP valenciano de que hubo un apagón informativo que evitó que tomaran medidas preventivas.
LA ALERTA A LAS 20.11 HORAS
Los últimos avances en el particular caso de Pradas tiene que ver con varios vídeos. Uno de ellos son imágenes de recurso de À Punt y, los otros, de una productora contratada por la Generalitat. En el de la televisión pública autonómica y una de las grabaciones de la productora se puede ver a la entonces consejera dar indicaciones sobre el contenido de la alerta —el mismo que Ruiz Tobarra considera «erróneo» al no advertir a la población que se refugie en pisos altos— que llegó a los móviles a las 20.11 horas, después de un receso que supuso la pérdidas de minutos críticos.
La Generalitat ha enviado varias alertas más desde el 29 de octubre. En la última de ellas, lanzada el 28 de septiembre, la jueza aprecia una considerable antelación y un contenido más preciso. «La comparación es tan significativa como indicadora de la negligencia grosera en que se incurrió», remarca la magistrada de los Juzgados de Catarroja.
Además, «la magistrada citó este viernes como testigo a la jefa de Protección Civil de Delegación del Gobierno». La jefa del servicio de coordinación del 112 de la Comunidad Valenciana, Inmaculada Piles, aseguró que esta le comentó que era «necesario» el envío de la alerta a las 18.35 horas de la tarde.
CARLOS MAZÓN
Hasta hace bien poco, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha estado ajeno a la investigación por su condición de aforado. La jueza le invitó a declarar anteriormente como testigo y el presidente autonómico lo rechazó. Sin embargo, en septiembre, y después de la publicación de la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, la magistrada reiteró su invitación, ofreciéndole ahora hacerlo en calidad de investigado.
A propósito de la comunicadora, la jueza rechazó citarla como testigo. Alegó que Pradas, en su declaración judicial, aseguró que Mazón no condicionó el envío de la alerta. Es más, la propia Generalitat confirmó que la hora de llegada al Cecopi del presidente fue a las 20.28 horas, 17 horas después del envío. Por tanto, descartó que exista «dato alguno que permita afirmar que la testigo [Maribel Vilaplana] hubiera oído alguna de las conversaciones o que se hubiera puesto en alto el altavoz del móvil». Sin embargo, la Audiencia Provincial aceptó un recurso de una de las acusaciones —Ximo Esteve, abogado de Algemesí, uno de los municipios afectados por la dana— e instó a la jueza a que citara como testigo a la comunicadora, que declarará el lunes. La Audiencia Provincial estima que no es descartable que la periodista valenciana «pueda ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación». Vilaplana, en la citada misiva, reajustó la duración del almuerzo, al pasar de las 17.45 horas como hora final a 60 minutos más tarde.
Mazón, a petición de las Cortes Valencianas, entregó el listado de llamadas que realizó el fatídico 29 de octubre. Este registro incluye comunicaciones con Salomé Pradas, el presidente de la Diputación de Valencia y presente en el Cecopi, el popular Vicent Mompó; y el alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor. Y todo, en un lapso de tiempo en el que Vilaplana seguía en el restaurante con Mazón.
El PP remarca que es Mazón el que debe de tomar la decisión de dimitir de su cargo
El Partido Popular deja en manos de Carlos Mazón su continuidad como presidente de la Generalitat Valenciana. La portavoz de la formación en el Congreso, Ester Muñoz, destacó en La Sexta que «es una decisión muy personal que tiene que tomar él». La diputada leonesa cargó contra «una gran parte de la izquierda de este país» por politizar las 237 muertes en la dana al llamar «asesino» a Mazón. Un insulto que le profirieron varios de los familiares de las víctimas que asistieron al funeral de Estado, aunque no hay constancia de declaraciones públicas de políticos con esa misma palabra.
El presidente autonómico aseguró el jueves que hará «una reflexión algo más profunda» y dijo que habrá una comparecencia en los próximos días. Aunque, según remarcaron fuentes de Presidencia a Europa Press, el jefe del Consell se refiere a las comisiones de investigación de la dana, abiertas en las Cortes Valencianas y en el Senado y el Congreso. En la Cámara Baja está citado el 17 de noviembre.
Respaldo de su partido
Muñoz no fue la única voz en el PP que dejó al criterio del propio Mazón su continuidad al frente de la Generalitat. El portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, destacó que no le corresponde a su Ejecutivo «valorar la gestión que pueda haber hecho otra comunidad autónoma».
Desde la dana del 29 de octubre del 2024, el PP ha respaldado públicamente a Mazón en su cargo. El 12 de septiembre, en el congreso del PP valenciano en Benidorm, el secretario de organización de los populares, Miguel Tellado, elogió la labor de Mazón: «Quiero darle las gracias por el trabajo que está desarrollando».
Este jueves, el también diputado aseguró que no es el momento de anunciar el candidato a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. «Creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos», remarcó el jueves Tellado en declaraciones a la cadena Cope. Según un sondeo de GAD3, el 61 % de los votantes valencianos del Partido Popular consideran que Mazón debe dimitir.