La acusación popular pide tres años de prisión para David Sánchez y para Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre
06 nov 2025 . Actualizado a las 08:34 h.La jueza Beatriz Biedma, que lleva el caso de la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, dio por concluida la fase de instrucción y remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial. Ante la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, recogida en un auto con fecha de 4 de noviembre, y tras la recepción de los últimos escritos de las defensas, cabe interponer recurso de reposición en un plazo de tres días.
Biedma dictó el pasado abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras once personas por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y un mes después decidió la apertura del juicio oral contra ellos. Entre las personas procesadas, está el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando sucedieron los hechos y que será el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo «conocimiento previo» de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había «creado para él», se presentó a la convocatoria «e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo». La togada sostiene que la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como «objetivo» que fuera ocupado por David Sánchez.
También procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia, ya que habría utilizado «su amistad íntima» con David Sánchez para conseguir la creación y el acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación.
La acusación popular pide tres años de prisión para David Sánchez y para Gallardo.