Protección de Datos impone una sanción pionera en Europa: 2.000 euros por la difusión de un «deepfake»
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Responde a una reclamación por la difusión de las imágenes sexuales de menores creadas con inteligencia artificial hace dos años en Almendralejo
06 nov 2025 . Actualizado a las 19:10 h.En septiembre del 2023, la Policía Nacional abrió una investigación por la creación de imágenes sexuales con inteligencia artificial de un grupo de chicas menores de edad de Almendralejo y su posterior distribución a través de redes sociales. El caso tuvo una enorme repercusión en los medios, por tratarse de unos de los primeros en poner en evidencia la amenaza real de los conocidos como deepfakes, fotografías o vídeos manipulados prácticamente imposibles de detectar como falsos, al menos a simple vista. Dos años después, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto la primera sanción en Europa por difusión de desnudos creados con estas herramientas. Aunque los datos personales del infractor y la víctima están protegidos en el texto, de la fecha y de otros detalles se deduce que corresponde a los citados hechos sucedidos en Extremadura, suposición que ha confirmado la agencia este jueves.
La resolución de la AEPD impone una multa administrativa de 2.000 euros, susceptible de ser rebajada a 1.200 en caso de pronto pago, que los padres del chico partícipe abonaron ya el pasado abril, detalla Efe. En los montajes creados con IA aparecían las caras reales de varias menores con cuerpos que no eran los suyos, sin ropa. Las fotos circularon por plataformas y redes, pero también por Only Fans y por webs pornográficas.
Los procedimientos judiciales que se iniciaron aquel septiembre permitieron la identificación de los presuntos responsables que participaron en la creación y posterior difusión de aquellas imágenes. Lo hicieron de una forma completamente ilícita y sin ningún tipo de consentimiento por parte de las chicas. Las actuaciones de la AEPD se habrían sucedido en paralelo al procedimiento penal que instruyó el Juzgado de Menores de Badajoz, que el año pasado impuso la medida de libertad vigilada para 15 menores declarados responsables de la difusión de las imágenes. El juez les consideró responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral, y la sentencia incluía, además, que deberían recibir formación afectivo sexual e información sobre uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como pautas de sensibilización en materia de igualdad y género.
Miriam Al Adib Mendiri, madre de una de las niñas víctimas del caso Almendralejo, dice no saber de dónde ha salido la sanción, pero admite que, siguiendo las indicaciones para abordar la situación, ella comunicó en su día a la Agencia Española de Protección de Datos, a través del canal prioritario, la difusión de imágenes manipuladas de contenido sexual de su hija. No volvió a tener noticias de esta autoridad pública independiente, encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía, y el dictamen de la agencia se ha hecho público completamente «anonimizado», con referencias directas eliminadas, pero en él se recoge la recepción de una reclamación. «Hice lo que me correspondía, nada más, pero sin intención de que sancionasen a nadie, solo con la pretensión de que quitasen las fotos de internet», comenta.
Según la AEPD, la difusión de fotografías manipuladas con inteligencia artificial (…) que asocian rostros reales a cuerpos desnudos que no se corresponden con los propios supone «un tratamiento de datos personales», por cuanto «la imagen es un dato personal». La difusión de las imágenes se realizó a través de un grupo de mensajería, en el que se encontraba el menor sancionado, por lo que se infiere que participó en su propagación y la víctima —a la que hace referencia la reclamación— era menor, es decir, contaba con una protección reforzada.
Al Adib Mendiri considera que en su momento el caso «se cerró muy bien», con «una sentencia ejemplar, con acuerdo de ambas partes». Y en eso, dice, es en lo que «hay que poner el foco». «El silencio no es la respuesta —reivindica—. Nuestro caso demostró que se puede denunciar estas cosas y que se puede salir adelante, estar bien sin secuelas». La de Almendralejo, ginecóloga y divulgadora, se siente «dignificada»: «Se le dio un nombre, se reconoció que lo que se hizo fue un delito, de pornografía infantil, que no era un desvarío de madres histéricas. Nosotros no buscábamos compensación económica ni grandes castigos, queríamos justicia y hubo justicia».
¿Han desaparecido por completo los montajes de su hija de internet? «Cuando una cosa se sube a la red, nunca hay garantía de que va a borrarse por completo de ahí, no lo sabremos nunca», lamenta. «Pero tal y como se han puesto las cosas —añade—, creo que ahora los niños se lo pensarán dos veces antes seguir la cadena de difusión».