La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa por presunta corrupción
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La vista contra el expresidente catalán, sus siete hijos y 15 colaboradores se extenderá hasta mediados del 2026
24 nov 2025 . Actualizado a las 20:42 h.Jordi Pujol seguirá el juicio por corrupción desde su domicilio en Barcelona. Así lo decidió este lunes el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional (AN) por la fortuna escondida en Andorra, de la que informó en un comunicado hace más de 11 años. El expresidente catalán cuenta en la actualidad con 95 años de edad y un principio de Alzheimer, y que estuvo hospitalizado por neumonía hasta el pasado viernes. Algo que, según los magistrados, no le impide seguir el proceso contra la trama familiar que presuntamente se aprovechó de sus 23 años al frente de la Generalitat para delinquir. En la vista previa, los magistrados de la Sección Primera de lo Penal escucharon los alegatos de la defensa, cuyo objetivo es evitar que el juicio se celebre, y de los médicos forenses, que insistieron en el argumento ya conocido de que Pujol no está en condiciones de poder defenderse ni de comparecer en la sede de la AN en San Fernando de Henares (Madrid).
El gran patriarca del nacionalismo catalán deberá seguir todo el proceso, que se extenderá hasta abril del año que viene y en el que comparecerán más de 200 testigos, de forma telemática desde Barcelona. «Estoy a su disposición para responder lo mejor que sepa, pero muy en forma no estoy», dijo Pujol por videoconferencia. A lo que el juez José Ricardo de Prada respondió: «El tribunal ha decidido que se inicie el juicio en su presencia; esto quiere decir que estará presente en las sesiones y se determinará en su momento si, efectivamente, continúa». No obstante, el magistrado añadió que cuando el acusado deba intervenir activamente se evaluará «si está en condiciones de estar o no».
El expresident y sus siete hijos se enfrentan a todos los delitos posibles en una trama de corrupción a gran escala: desde fraude fiscal y blanqueo de capitales a falsedad documental y asociación ilícita. Para el cabeza de familia la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, mientras que sus descendientes se enfrentan a penas de entre ocho y 29 años de prisión. La más elevada, de hasta 29 años, es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que se expone además a una multa de 6,5 millones de euros. Su exmujer Mercè Gironés se enfrenta a 17 años de prisión, y ocho los demás hijos, salvo Josep, para quien el ministerio público reclama 14 años. Según la Fiscalía, Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, que falleció el año pasado, orquestaron un conjunto de «operaciones de ocultación y afloramiento» de las ganancias ilícitas que conseguían a través de mordidas a empresarios. En el escrito acusatorio sostiene que Jordi y Josep «gestionaron» parte de esos beneficios», mientras que Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta se «beneficiaron directa y conscientemente».
En la primera jornada del juicio, las defensas se escudaron en la operación Cataluña contra el proceso independentista catalán y las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo y la denominada «policía patriótica» para pedir al tribunal la nulidad de la causa. En la misma línea, cargaron contra las comisiones rogatorias enviadas a Andorra para obtener información bancaria de los Pujol, así como de los registros policiales que derivan de ellas, al considerar que se basan en pruebas obtenidas de forma ilegal. Jaime Campaner y Francesc Sánchez, letrados de Josep y Oriol Pujol respectivamente, argumentaron que la «policía patriótica» instigó las revelaciones que dieron pie a la causa, desde el pantallazo de las cuentas en la banca andorrana publicado por El Mundo en julio del 2014 hasta la declaración de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que relató cómo este cargaba bolsas llenas de billetes de 500 euros en el maletero del coche cuando viajaba a Andorra.
La decisión de la Audiencia Nacional de mantener el juicio al expresidente de la Generalitat enojó a los herederos de la antigua Convergencia. El portavoz de Junts, Josep Rius, calificó la decisión de «intolerable» y defendió a Pujol, del que dijo que «pasará a la historia como un gran presidente, digan lo que digan ahora los tribunales españoles».