La Fiscalía Anticorrupción defiende la legalidad del juicio a los Pujol
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«No se puede mezclar política con hechos delictivos», destaca
27 nov 2025 . Actualizado a las 08:30 h.La Fiscalía Anticorrupción negó este miércoles las supuestas irregularidades aducidas por la defensa de los Pujol Ferrusola en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional por corrupción. En la tercera jornada de la vista oral, el representante del ministerio fiscal, Fernando Bermejo, respondió a las alegaciones planteadas por los abogados de los 19 encausados en las dos primeras jornadas, que piden la nulidad de las principales pruebas incriminatorias. Bermejo desvinculó las cuestiones políticas que orbitan sobre el caso, como la supuesta operación Cataluña o la llamada «policía patriótica», de los hechos delictivos que se exponen en el escrito acusatorio. «Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad», señaló el fiscal, que defendió las actuaciones policiales llevadas a cabo durante la instrucción: «La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) ha actuado siempre bajo el control judicial, esto excluye por completo cualquier vulneración de la Constitución». Tampoco dudó al afirmar que el origen de la causa es lícita, al partir de la denuncia de Victoria Álvarez, la expareja del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, primero ante la policía y luego en sede judicial. El fiscal también rebatió la supuesta prescripción de los delitos, manifestada por las defensas de los empresarios implicados. «Aquí se empieza a blanquear casi en el año 92, y no se para de blanquear con movimientos bancarios hasta inclusive el año 2011; lo veremos en el conjunto de cuentas bancarias que tienen en diferentes países los señores Pujol», concluyó.
Tras el fiscal, fue el turno de los representantes de la Abogacía del Estado, que dieron por buenas las informaciones periodísticas de julio del 2014, que llevarían al expresidente catalán a confesar la existencia una supuesta herencia del abuelo Florenci oculta en el extranjero. «No hay un pecado original», señaló José Ignacio Ocio, que ejerce la acusación particular en nombre del Estado por los delitos contra la hacienda pública.
Transcurridas menos de dos horas de sesión, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, suspendió la vista, que se reanudará el próximo 10 de diciembre.