Ismael Moreno, el expolicía y juez veterano con varias instrucciones polémicas a su espalda

Cambió la pistola por la toga, que hoy sigue vistiendo con un marcado perfil conservador. Policía nacional durante el tardofranquismo y los años más duros de la Transición, Ismael Moreno Chamarro (Maján, Soria, 1955) lleva casi cuatro décadas siendo magistrado —el más veterano— de la Audiencia Nacional, un tribunal que intentó presidir en varias ocasiones sin éxito.

El instructor del caso Koldo, que ahora investiga en una pieza separada los pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García, ha estado al frente de grandes casos de corrupción, narcotráfico y terrorismo, pero fueron sus errores los que lo convirtieron en portada y le valieron alguna querella. Uno de los más polémicos data del 2016, cuando decretó prisión preventiva sin fianza para dos titiriteros que representaban una obra de teatro infantil donde un guiñol vestido de policía golpeaba a una bruja y creaba una prueba falsa consistente en una pancarta con la leyenda «Gora Alka-Eta», un juego de palabras de Al Qaida y Eta. Ambos fueron detenidos en las fiestas del carnaval de Madrid, acusados de enaltecimiento del terrorismo y encarcelados en Soto del Real durante cinco días, hasta que la Fiscalía solicitó su liberación. Una oleada de protestas de la gente del cine y el teatro reivindicó el derecho a la libertad de expresión.

Tampoco pasó desapercibida el año pasado su decisión de dejar en libertad provisional con medidas cautelares al narcotraficante Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la mafia marroquí conocida como Mocro Maffia, quien se fugó de España y evitó ser extraditado a los Países Bajos. Hoy sigue siendo uno de los criminales más buscados en este país por haber amenazado de muerte a su heredera al trono, la princesa Amalia.

Falsedad en las diligencias

Moreno, que ingresó en 1974 en la Policía Nacional —donde sirvió durante nueve años, hasta que se licenció en derecho—, fue investigado, junto a otro inspector, por un delito de falsedad en las diligencias de reconocimiento de un detenido, que fue condenado por asesinato frustrado a 12 años de cárcel. Casi un lustro más tarde, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y lo liberó después de que el único testigo, y también única prueba de cargo, admitiera que ambos agentes le habían indicado que firmara el reconocimiento aunque no estuviera seguro del mismo.

Tras aprobar las oposiciones a la carrera judicial en 1983, ejerció en Jumilla (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Badalona (Barcelona) y Alcalá de Henares (Madrid). Solo cuatro años después, ascendió a magistrado y fue destinado a Bilbao, y desde 1988 es titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, tribunal al que llegó el mismo año que lo hizo Baltasar Garzón.

Sus colegas lo definen como competente y resolutivo, pese a que tiende a alargar las instrucciones en el tiempo; como seguidista de la postura de la Fiscalía, aunque critican su ligereza a la hora de dictar prisión preventiva; y como uno de los preferidos de la policía, dado su pasado como inspector. En su primer juicio mediático, investigó el intento de un agente español de implicar al Gobierno de Nicaragua en un caso de tráfico de drogas.

Este togado castellanoleonés de 70 años —a punto de retirarse, según aseguran fuentes de su entorno— juzgó a los exdirectivos de Novacaixagalicia por sus jubilaciones millonarias (su trabajo fue muy bien valorado por los juristas en la comunidad), y tuvo a su cargo parte de la instrucción de los casos GAL, Nóos y Volkswagen, e incluso los atentados del 11M, pero el que lo dio a conocer fue el de Sogecable, que terminó con la condena por prevaricación del también magistrado Javier Gómez de Liaño, que fue apartado de la carrera.

En el año 2015, procesó a tres miembros de Falange y Tradición, acusados de 19 actos delictivos por amenazar de muerte a cargos públicos, hacer pintadas amenazantes y causar daños significativos en monumentos a la memoria histórica y en negocios relacionados con la izquierda aberzale. Entre los querellantes, destacaban la txupinera de las fiestas de Bilbao del 2009, que había recibido una carta con una bala de nueve milímetros; un concejal de Andoáin al que en otra misiva se le había advertido de que tenía «30 días para abandonar Navarra si no quería asistir a una misa en su honor»; y el alcalde y los ediles de Arbizu, a quienes habían dedicado un grafiti en la pared del Consistorio que rezaba «Ahora os vigilamos; mañana os mataremos». Moreno eximió a los tres procesados tanto de los delitos de «daños y amenazas con fines terroristas» como del de asociación ilícita. Recibieron condenas mínimas, de entre un año y medio y dos de cárcel, por «amenazas no condicionadas», y todos eludieron la prisión. Una sentencia, entonces muy criticada por la presunta «connivencia» del magistrado con los acusados.

Objetivo de la banda ETA

Entre las causas que archivó, destacan los vuelos de prisioneros de la CIA a la cárcel de Guantánamo; y el caso Naparra, que investigaba la desaparición en 1980 de José Miguel Etxeberria, miembro de una escisión de ETA, pese a que el Batallón Vasco Español había reivindicado el crimen. Magistrado durante los años más sangrientos de la banda terrorista, se encargó del sumario del secuestro del abogado Cosme Delclaux, y en el 2002, la policía halló datos sobre Moreno en el piso en el que vivían los miembros del comando Madrid que acababan de ser detenidos.

Autor de ensayos sobre el proceso penal y los delitos societarios, fue docente en la Fundación Ramón Areces y profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y recibió reconocimientos como la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil.

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