Las tramas de presunta corrupción y las denuncias por acoso sexual lastran a un Gobierno en minoría
15 dic 2025 . Actualizado a las 11:52 h.Las dos columnas vertebrales sobre las que se erigió el primer Gabinete de Pedro Sánchez —la lucha contra la corrupción y el feminismo— se han convertido paradójicamente en el talón de Aquiles de un Gobierno de coalición que ya hacía agua cuando Junts abandonó el barco y se quedó navegando a la deriva de su minoría parlamentaria. Obligado a prorrogar los Presupuestos hasta en cuatro ocasiones, el Ejecutivo progresista, que nació como consecuencia de una moción de censura —defendida por José Luis Ábalos, hoy en prisión provisional por el caso Koldo— contra Mariano Rajoy, tras la condena al PP por el caso Gürtel, resiste, acorralado por nueve causas judiciales, y por lo que ya se conoce como el Me Too del PSOE, un diluvio de denuncias contra dirigentes socialistas por acoso sexual.
el caso de las mascarillas
El exministro José Luis Ábalos y Koldo García, en prisión. El caso Koldo tiene su origen en la operación Delorme, que investiga el cobro de mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia a los ministerios de Transportes, Sanidad e Interior, y a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces socialistas. La empresa de la trama, Soluciones de Gestión, facturó 54 millones de euros en contratos sanitarios. El pasado jueves, el Supremo abrió juicio oral contra el presunto conseguidor Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo. Estos dos últimos, en prisión provisional en Soto del Real por riesgo de fuga y con peticiones de pena de hasta 24 años de cárcel. Esta semana, el Congreso le retiró el derecho al voto y el sueldo como diputado al exsecretario de organización del PSOE.
el 2 % por amaños de obra
Santos Cerdán, en libertad provisional. El juez instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, abrió el pasado junio una pieza separada para investigar el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación irregular de contratos de obra pública por parte del ex número tres de Ferraz Santos Cerdán, para quien ordenó prisión provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, una medida cautelar que mantuvo durante cinco meses. Un informe de la UCO de la Guardia Civil apuntó como «facilitadores» a la expresidenta del ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, ambos investigados. Otro informe del instituto armado conocido en noviembre señaló que Servinabar, la empresa de Cerdán y su socio Antxon Alonso, cobraba el 2 % de cada obra amañada, una gestión en la que intervenía Ábalos, quien, además, enchufó a varias amantes que fueron contratadas en empresas públicas, como Ineco y Logirail. La principal pagadora de la red era Acciona, que habría abonado seis millones de euros del 2015 al 2024.
el caso de los sobres
Billetes como «chistorras, soles y lechugas». El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga desde principios de noviembre todos los pagos en metálico que hizo el PSOE a sus miembros, incluido Pedro Sánchez, del 2017 al 2024. El magistrado Puente dejó el caso de los sobres, otra pieza del caso Koldo, en manos de su colega, después de que ni el partido ni su exgerente Mariano Moreno aclararan los pagos en efectivo a Ábalos y García: unos 32.000 euros entre ambos del 2017 al 2021. La UCO concluye que usaban un lenguaje en clave —chistorras, soles y lechugas— para referirse a los billetes grandes. La empresaria Carmen Pano dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo dentro de bolsas a la sede de Ferraz.
el caso hidrocarburos
Víctor de Aldama, y un millón de euros para Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un fraude en el pago del IVA de combustibles por valor de 231 millones de euros. El principal imputado, Víctor de Aldama, ingresó en prisión provisional, pero fue liberado tras pactar con Anticorrupción una confesión sobre el caso Koldo. La UCO entregó el jueves un informe que indica que la trama le pagó un millón de euros a Ábalos para amañar la licencia a la operadora Villafuel, pese que esta incumplía los requisitos.
Los dos casos de leire díez
La fontanera de Ferraz, un expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán. Leire Díez, la fontanera de Ferraz, está siendo investigada en una primera causa, junto al empresario Javier Pérez Dolset, por urdir un plan delictivo para sonsacar a dos fiscales información comprometida sobre la UCO y Anticorrupción con el fin de desacreditarlas. La exmilitante socialista fue detenida el miércoles por una segunda causa, bajo secreto de sumario, que investiga contratos públicos irregulares, junto a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, socio de Cerdán y dueño de Servinabar. La UCO practicó el jueves 19 registros en empresas públicas y privadas, y el viernes reclamó documentación en dos ministerios y en Correos.
El caso begoña gómez
La esposa del presidente, investigada por cinco delitos. El juez Juan Carlos Peinado imputó a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación en relación con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense y el software desarrollado en ella. También son investigados su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La apertura de diligencias provocó que el presidente escribiera una Carta a la ciudadanía, en la que denunciaba el acoso de la ultraderecha, y que se tomara cinco días de reflexión para decidir si seguía en el cargo.
el caso david sánchez
Las imputaciones del hermano y el candidato extremeño. El también conocido como caso Azagra investiga delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz en el 2017. Los imputados son David Sánchez y el entonces presidente de esta institución, Miguel Ángel Gallardo, también secretario general del PSOE extremeño y candidato a la Junta en las autonómicas del 21 de diciembre. La Audiencia Provincial aplazó a mayo el juicio contra ambos.
el me too del psoe
Acoso sexual en la Moncloa. Las denuncias por acoso sexual de varias trabajadoras de la Moncloa contra el exasesor socialista Paco Salazar, conocidas el pasado julio, cuando este fue cesado de todos sus cargos, iniciaron una grave crisis en el partido, ya bautizada como el Me Too del PSOE, al saberse a principios de diciembre que la formación no contactó con las víctimas en cinco meses ni investigó el caso, al que ya se han sumado otros cinco. Estos afectan al que era presidente del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro; al ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé; al miembro de la ejecutiva federal Javier Izquierdo; al alcalde del municipio cordobés de Belalcázar, Francisco Luis Fernández; y al alcalde de Almusafes y vicesecretario del PSPV, Toni González.
La condena al fiscal
Álvaro García Ortiz, culpable por revelar datos reservados. La sentencia condenatoria del Supremo por revelación de datos reservados contra Álvaro García Ortiz que lo inhabilita como fiscal general del Estado agravó la situación del Gobierno, que siempre ha defendido su inocencia. Declarado culpable por filtrar un correo —en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la baronesa popular Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos tributarios—, prepara ya la petición de nulidad del fallo para acudir al Constitucional.