El Supremo ejecuta la sentencia que obliga al ex fiscal general a pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso
ACTUALIDAD
El alto tribunal abrió la puerta a que la Fiscalía pueda intervenir sobre la expulsión o suspensión de García Ortiz de la carrera fiscal
18 dic 2025 . Actualizado a las 08:21 h.El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles la ejecución de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a la Inspección de la Fiscalía General del Estado a los «efectos oportunos», que ahora tendrá que estudiar su futuro como fiscal.
La Sala ha dictado el auto de ejecución de sentencia, que impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.
El Supremo ordena que se notifique esta resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, «a los efectos oportunos», sin dar más detalles.
Su carrera fiscal, en el aire
Con todo, la sentencia del Supremo deja en manos de la Fiscalía la posible suspensión de la carrera fiscal a García Ortiz. En ella, se sostiene que la inhabilitación se acotó «exclusivamente» al cargo que ostentaba en el momento de los hechos, es decir, fiscal general del Estado, «revelándose como excesiva su proyección a otros», esto es, a su condición de fiscal.
«No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano», explicaron los magistrados. García Ortiz había renunciado a su cargo el pasado 24 de noviembre en virtud del fallo pero, como fiscal general, no se le aplica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al estar en régimen de «servicios especiales», explican a Efe fuentes fiscales.
Una vez que pase nuevamente a ser fiscal, la Inspección de la Fiscalía General, que lidera Teresa Peramato, deberá estudiar de oficio cómo afecta la resolución a la condición de fiscal de García Ortiz. Así, el artículo 32.d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que trata sobre «las causas de pérdida de la condición de fiscal» señala para decretar la expulsión la «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso».
Pero acto seguido indica que «sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º» a su sustituta en el cargo «para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses». Una vez que la Inspección intervenga, tendrá entonces que determinar si ese artículo es aplicable a García Ortiz para decretar bien su expulsión de la carrera fiscal o su suspensión como fiscal.