La familia de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla, denunciará al colegio: «Hay motivos más que suficientes»
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«Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra», expresó su tío y portavoz de la familia, Isaac Villar
07 ene 2026 . Actualizado a las 13:13 h.La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, está ultimando con los abogados una querella, si bien aún no saben si será contra el colegio, las Irlandesas de Loreto, como persona jurídica, o se dirigirá a miembros de la dirección del centro educativo.
«Decir ahora cómo serán los detalles es a lo mejor un poco precipitado, pero estos días tomaremos, seguro, la decisión y se interpondrá la querella», ha afirmado Isaac Villar, portavoz de la familia, en una entrevista en Canal Sur.
La familia considera que hay «motivos más que suficientes» para esa querella. «Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra», ha añadido.
En este sentido, Villar ha recordado que la Fiscalía sigue con su investigación y ha agradecido la labor del Ministerio Público: «Sabemos que están poniendo todo su esfuerzo y todos los medios de los que disponen para aclarar la situación».
En cuanto a la vía administrativa que inició la Junta, el portavoz ha remarcado la necesidad de reunirse con la consejera de Educación, Carmen Castillo. «Nos emplazaron a estos primeros días de enero para darnos una cita y una fecha concreta para recibir a los padres de Sandra y que les explique un poco en qué punto se encuentra ese tema».
Al respecto, el portavoz de la familia ha señalado que «creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose y es por lo que estamos aquí. Nada de lo que se haga nos van a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita».
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los miembros del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar «con el monstruo del bullying». Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
El pasado 14 de octubre, nada más abandonar el centro educativo, Sandra Peña decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa.
Tanto la Policía Nacional como la Consejería de Desarrollo Educativo trasladaron el caso a la Fiscalía al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.
La familia de la menor explicó que habían denunciado la situación de acoso que vivía Sandra y ya entonces anunciaron medidas legales contra el centro.
Pocos días después de la trágica muerte de la adolescente, el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar, explicó que la única medida adoptada por el colegio había sido al parecer cambiar de aula a las presuntas acosadoras tras una petición de la madre.
Tras los hechos, una serie de pintadas con mensajes como «cómplices» o «asesinos» en la fachada del centro reflejaron el enfado, la rabia y la impotencia en su entorno, mientras que la difusión en redes sociales de imágenes que señalaban a las presuntas acosadoras llevó a la Fiscalía de Menores a solicitar su retirada.
El Ministerio Público decidió finalmente abrir dos expedientes tras el suicidio de Sandra: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba.