El acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales: se podrá solicitar desde febrero y «la Iglesia católica paga»
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Esta gestión mixta entre Iglesia y Estado tiene al Defensor del Pueblo como institución clave. La nueva vía está dirigida a aquellas personas que ya no puedan recurrir a la vía judicial. Si una entidad religiosa no puede pagar, tendrá que asumirlo la Conferencia Episcopal o la Conferencia Española de Religiosos
08 ene 2026 . Actualizado a las 16:52 h.«Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas». Satisfecho, arrancaba su comparecencia ante los medios el ministro de Presidencia y Justicia. Félix Bolaños celebraba el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. En sus palabras, una «deuda histórica y moral» después de décadas de «silencio y dolor». Este jueves, el Gobierno y los presidentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, sellaban ese acuerdo ante los medios de comunicación. Se trata de un sistema de reparación mixto en el que la Iglesia católica pagará las indemnizaciones a las víctimas.
¿Cómo va a funcionar?
Este nuevo mecanismo establece que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.
Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
Es decir, será en cualquier caso el Defensor del Pueblo quien determinará quién tiene condición de víctima y la reparación que le corresponde.
¿Y si no hay conformidad?
Si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
Los obispos se comprometen a acatar esta decisión definitiva.
¿Para quién?
Esta nueva vía está dirigida a aquellas víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, o bien por fallecimiento del autor del delito o porque su caso haya prescrito.
El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, ha asegurado que el compromiso del Gobierno pasa por abordar también la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.
Sin embargo, el ministro Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que el compromiso del Gobierno alcanza a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia: «No hay ningún objetivo más fuera de ese título».
¿Cuánto tiempo?
Este acuerdo estará en vigor durante un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y pederastia mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social (una reparación que incluye la atención psiquiátrica o psicológica «o la reparación moral»).
En cuanto al plazo, el ministro de Justicia ha afirmado que «en ningún caso la voluntad del Gobierno es que este límite temporal pueda ser un problema para nadie» y que «si es necesario extenderlo, se extenderá», pero ha señalado que «un año prorrogable a dos años es un tiempo más que suficiente para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica puedan iniciar el procedimiento».
«Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo para todas las víctimas que puedan todas iniciar acciones ahora. Y reitero, ayer no tenían nada, porque todos estos hechos están prescritos», ha zanjado.
Desde la CEE se ha puntualizado que el sistema establecido «no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes».
¿Desde cuándo?
Las víctimas podrán presentar a partir del próximo mes de febrero sus solicitudes. Hoy se firmaba el convenio, pero para formalizar el acuerdo, la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberán firmar «un convenio de colaboración» al «mes siguiente» a la adopción de este acuerdo; y añade que será a partir de entonces cuando comience a contar el plazo de un año (prorrogable a dos) para presentar las solicitudes de indemnización por parte de las víctimas. Además, el texto precisa que este convenio negociado deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá «el estatuto básico» de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.
¿Quién paga las indemnizaciones?
Será la Iglesia quien asuma el pago de las indemnizaciones y tendrá que hacerlo en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable de los abusos, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.
El Gobierno ha aceptado iniciar los trámites para que las indemnizaciones estén exentas del impuesto sobre la Renta, algo que preocupaba especialmente a las víctimas.
Como explicó el ministro Bolaños, el Estado «fijará» la cantidad con la que se deberá indemnizar a las víctimas de abusos y la Iglesia la abonará. «El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga».
En cualquier caso, los baremos económicos no están establecidos.
¿De dónde viene el acuerdo?
El acuerdo llega tras años de rechazo de estos casos por parte del clero y también después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.
La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) para dar esa respuesta y reparación, pero muchas víctimas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.
Félix Bolaños aseguró este jueves que el acuerdo es fruto de una «negociación compleja, ardua, dura y larga» donde finalmente han encontrado un «punto de equilibrio» y ha agradecido la mediación del Vaticano para lograrlo. En concreto, ha mostrado su agradecimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Según la CEE, hasta el momento, la Iglesia ha pagado «casi dos millones de euros» en indemnizaciones a las víctimas de abusos.
Preguntado por los motivos del cambio de postura de la Iglesia para aceptar este acuerdo, Argüello ha defendido que ellos han «colaborado con la Administración de Justicia, Fiscalía, Policía, con los Tribunales, con el Defensor del Pueblo» y ha matizado que a lo que se negaron fue a una propuesta de Justicia para «la creación de una comisión tutelada por el propio Ministerio de carácter administrativo».