El Gobierno garantiza la ordinalidad a Cataluña en el nuevo modelo de financiación, pero no al resto de comunidades
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La ministra María Jesús Montero anuncia que el Estado aportaría 21.000 millones a las comunidades con el sistema, que incluye la cesión de una parte de del IRPF y el IVA a las autonomías
10 ene 2026 . Actualizado a las 09:44 h.El Gobierno admitió este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica que ha pactado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, garantiza el principio de ordinalidad para Cataluña, pero no para el resto de comunidades. Es decir, que Cataluña se garantiza que si es la tercera autonomía que más aporta, será también la tercera que más reciba, pero no ocurrirá lo mismo con las demás. Así lo reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del nuevo modelo. En total, según el Gobierno el sistema aportaría a las comunidades 224.507 millones de euros, lo que supone un 47 % más que en el 2023.
El modelo haría que la aportación adicional para Cataluña doble a la de Madrid y beneficia también a Andalucía, donde Montero será la candidata del PSOE. El Ejecutivo insiste pese a ello en que lo pactado beneficiará a todas las autonomías y ninguna perderá financiación porque el Estado aportará 21.000 millones de euros para establecer mecanismos de nivelación en un nuevo sistema que se pretende que entre en vigor en el año 2027.
Mejor para las «más dinámicas»
De esa cantidad, 16.000 millones corresponden al incremento en la cesión de impuestos a las comunidades, de manera que estas pasarán a disponer del 55 % de la recaudación del IRPF, cuando ahora esa cifra está en el 50 %, y del 55,6 % del IVA, también situado en la actualidad en el 50 %. Montero admitió que ese sistema favorecerá a las comunidades «más dinámicas», es decir, a las que más recaudan. Además, el Estado transferirá 5.000 millones de euros adicionales para hacer una nivelación entre las autonomías.
El Gobierno plantea que impuestos que hoy están cedidos a las comunidades, pero que ingresa el Estado, como el de patrimonio, el de los depósitos bancarios, el del juego y el de los depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración, pasarán a formar parte del sistema de financiación y su recaudación irá directa a las comunidades, con lo que las autonomías que más recaudan perderán una parte de sus ingresos como solidaridad territorial con las más desfavorecidas.
Las comunidades podrán solicitar además recibir una parte de la recaudación del IVA generado por las pymes en su territorio, pero las que se acojan a ese sistema voluntariamente deberán acordarlo bilateralmente con el Gobierno y aplicarlo durante los siguientes cinco años. Según Montero, el hecho de que una comunidad se acoja al IVA de las pymes no afecta a la financiación ni a los ingresos del resto.
El sistema modifica el reparto de recursos por la población ajustada con el mecanismo de solidaridad interterritorial, de manera se nivela al 75 % la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Las que tengan una capacidad tributaria por habitante por debajo de la media recibirán recursos, y las que estén por encima serán aportadoras netas.
En la segunda fase, de nivelación vertical, el Estado aporta al sistema 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante, que según Montero es Madrid.
Cambio en las entregas a cuenta
Además, el Estado aportará otros 400 millones de euros para mantener lo que el Gobierno llama el «statu quo», garantizando que ninguna autonomía reciba menos recursos de lo que percibe con el sistema actual. Algo que afecta especialmente a Extremadura, que recibirá 216 millones, y a Cantabria, que percibirá 46.
Habrá también una aportación especial de 1.000 millones de euros destinada al cambio climático, dedicada especialmente a las regiones mediterráneas, que son las más expuestas a ese problema y recibirán dos tercios del total de esos fondos.
La propuesta de la ministra de Hacienda va acompañada de otras medidas, como la de que las autonomías tengan la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta, por el que reciben anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después, para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado. Esa fórmula permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones, ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.
«Diferencias injustificables»
Montero justificó la aplicación del principio de ordinalidad por las «diferencias injustificables» en la financiación por habitante entre comunidades. Pero eso no regirá para todas. «El sistema tiende al principio de ordinalidad y es cierto para Cataluña», señaló, en línea con lo anunciado por Oriol Junqueras tras su reunión con Pedro Sánchez. La ministra explicó también que Hacienda trabaja para introducir en el modelo de financiación «algún límite» al dumpin fiscal que, a su juicio, cometen algunas comunidades, como Madrid.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «nadie pierde y todo el mundo gana» con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.
La reforma, que difícilmente saldrá adelante dada la oposición de partida del PP y la negativa de Junts a apoyar nada que no sea similar al Convenio navarro o el Concierto vasco, plantea una inyección adicional al sistema de hasta 21.000 millones de euros por parte del Estado. Cataluña, como ya adelantó el jueves Junqueras tras su reunión con Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa, recibirá casi 4.700 millones extra. Madrid, en cambio, casi la mitad, 2.555 millones de euros; lo que garantiza el choque con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Andalucía, sin embargo, sí mejora su posición relativa. Con el modelo propuesto por la ministra, la comunidad más poblada recibirá 4.846 millones de euros extra. Pero fuentes gubernamentales apuntan a que quedaría un escalón por encima de lo que le correspondería si se aplicara el principio de ordinalidad.
Las claves de la propuesta del Gobierno
1. Más recursos para las comunidades autónomas- Hacienda calcula que el nuevo sistema aportará en 2027 un total de 20.975 millones de euros más a las comunidades autónomas que si se mantuviera el sistema vigente. En ese año, el sistema aportaría a las regiones del régimen común 224.507 millones de euros, un 47 % más que en 2023.
2. Mayor aportación de IRPF e IVA- Buena parte de este aumento de la aportación (15.756 millones) procederá de una mayor cesión de la recaudación de IRPF e IVA a las autonomías, que pasará del 50 % actual al 55 % y al 56,5 %, respectivamente. Además, se incorporarán a la cesta de impuestos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.
3. Nuevo cálculo de población ajustada- Para el reparto de los recursos entre las regiones, el sistema parte de un cálculo renovado de la población ajustada, que presta más atención al gasto asociado a los diferentes grupos de edad, las variables educativas o las de dependencia.
4. Criterios de ajuste- Sobre este cálculo de la población ajustada se aplican unos ajustes de nivelación horizontal (por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad, reciben) y vertical (por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante). A estos se añaden ajustes adicionales, entre ellos un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, que irá en dos tercios para las regiones del litoral mediterráneo y un tercio, para el resto. Además, el nuevo modelo dará a las comunidades autónomas que lo deseen la posibilidad de recibir un 5 % del IVA generado por las pymes en su territorio: si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirán una transferencia, y, de lo contrario, tendrán que hacer una aportación. Finalmente, habrá un «elemento de cierre», denominado 'statu quo', para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo, que aportará 216 millones a Extremadura y 46 millones a Cantabria.
5. Renovación del fondo de compensación interterritorial -Ya fuera del sistema de financiación, Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía.
6. Recaudación en tiempo real- La propuesta de Hacienda va acompañada de otras materias, como por ejemplo dar a las regiones la posibilidad de renunciar al sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.
7. Un modelo que tiende a la ordinalidad- Montero ha asegurado que el modelo «tiende a la ordinalidad» y esto permitirá que, tal y como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, Cataluña sea la tercera en aportar recursos al sistema y la tercera en recibir. Sin embargo, este principio no se respeta para todas las regiones debido a la aplicación de los ajustes, sobre todo el de 'statu quo', que impedirá a la región que más aporta, Madrid, ser la que más recursos por habitante recibe.
8. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera- Montero presentará esta nueva propuesta de modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles de la próxima semana, para después iniciar una serie de reuniones bilaterales con las regiones para dar «mayor detalle» del modelo. Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde tiene que aprobarse, por lo que Montero ha hecho un llamamiento al PP para que apoye el texto con el objetivo de que «el nuevo modelo pueda entrar en vigor el año que viene».
9. Mayores competencias, pero sin dumpin fiscal- De cara al futuro, la vicepresidenta ha abogado por ampliar las competencias normativas de las comunidades autónomas aunque con un «límite» para evitar un eventual dumping fiscal (competencia a la baja) que deje sin efecto algunas figuras tributarias, como pasó con el impuesto de patrimonio. Este límite, que podría afectar a figuras como el impuesto de sucesiones y donaciones, podría ir en «la línea» del impuesto sobre las grandes fortunas, que obliga a tributar a los grandes patrimonios allí donde no se aplicaba el impuesto de patrimonio.