Montero se queda sola con Illa en la defensa del privilegio a Cataluña en el reparto de fondos
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Los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias se suman al rechazo del nuevo modelo de financiación autonómica. La ministra plantea a las autonomías que rechacen el sistema que sigan bajo el actual, renunciando al dinero adicional
14 ene 2026 . Actualizado a las 18:30 h.O lo tomas, o lo dejas. Esa fue básicamente la propuesta que este miércoles les hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades del régimen común sobre el modelo de financiación autonómica pactado en exclusiva entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. La ministra sugirió a las autonomías que no quieran sumarse a ese sistema, que reserva el principio de ordinalidad solo para Cataluña, que pueden seguir en el modelo actual, lo que implicaría no tener acceso a la parte que les corresponde de los 21.000 millones extra que el Estado pondría a disposición de las comunidades.
Montero se quedó sola en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la defensa de su plan, que fue rechazado por todas las autonomías, incluyendo a Castilla-La Mancha y Asturias, bajo gobiernos socialistas, y solo fue apoyada por Cataluña, que tiene ya asegurados 4.700 millones de euros más de financiación y el cumplimiento de la ordinalidad.
Según Montero, la adhesión al modelo será «voluntaria». Cuandola ministra presentó el modelo, solo habló de voluntariedad en la posibilidad de acogerse a la recepción de un porcentaje mayor del IVA que generen las pymes en los territorios. Algo a lo que Junqueras ya adelantó que se acogería Cataluña, que podría controlar así, según dijo, hasta el 80 % del IVA.
Solo el hecho de que se tratara de una reunión informativa, y que por tanto no hubiera votación, impidió que la soledad el Gobierno quedara reflejada en un contundente marcador en contra.
Rondas bilaterales
Ante la sucesión de pronunciamientos de rechazo de los representantes de las distintas autonomías, la ministra anunció que llevará a cabo una ronda de «reuniones bilaterales» con las comunidades, después de haber pactado en solitario con ERC, para tratar de convencerlas de que se acojan al nuevo sistema que, según aseguró, es «más solidario» que el anterior.
Una vez que concluya esa ronda de contactos, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y posteriormente la volverá a aprobar en el Consejo de Ministros para remitirla al Congreso de los Diputados.
El Gobierno espera contar con una mayoría suficiente para sacarla adelante en la Cámara Baja y que entre en vigor en 2027, aunque, por el momento, y tras la negativa de Junts a respaldar un reparto de fondos que considera insuficiente, porque aspira a un cupo catalán similar al vasco, sumada al rechazo del PP y Vox, el Ejecutivo tiene imposible alcanzar la mayoría de 176 votos favorables necesarios.
La intención del Gobierno es dividir a las autonomías del PP, porque las que no se sumen a lo pactado con Junqueras estarían renunciando a una financiación adicional que para algunas es vital. Según el Ejecutivo, el sistema otorga 15.000 millones de euros a comunidades autónomas donde gobierna el PP.
Pero este miércoles, solo la consejera catalana de Hacienda, la socialista Alicia Romero, intervino para defender el modelo. Tras la reunión, que se prolongó por espacio de cuatro horas, todos los portavoces, excepto la de Cataluña, expresaron un rechazo total a lo propuesto por Montero. Todos ellos pidieron al Gobierno que recapacite y también que informe «al detalle» del modelo.
La ministra aseguró en rueda de prensa que «es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña» y dijo que «no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma».
El PP nacional emitió un comunicado en el que indica que el modelo que se pretende imponer «golpea los principios de igualdad y solidaridad, pilares fundamentales del ordenamiento jurídico de la Constitución». «Es una deslealtad institucional y una traición a los españoles», aseguran en el PP, que reta a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias a votar en contra cuando el modelo llegue al Congreso.
García-Page reclama que se acaben «las cesiones a los chantajes independentistas»
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pidió de nuevo al Gobierno que abandone el modelo de financiación propuesto, que «privilegia» a unos y «rompe la igualdad» en España. Reclamó además «tener la misma información que tienen los que han estado en el ajo, tener la que tiene Junqueras y la que tiene Salvador Illa, al menos la misma». «No más cesiones a los chantajes independentistas porque nos estamos jugando ni más ni menos que el meollo de la cultura progresista en este país», señaló.
Lo que no se plantea Castilla-La Mancha, por el momento, es recurrir al Constitucional. Según Page, eso permitiría al Gobierno decir que hay que esperar a que se pronuncie el alto tribunal. Por eso, se mostró más bien partidario de «primero ganar la batalla política» respecto a un nuevo modelo que «no debe salir».
El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, denunció que el Gobierno intenta trasladar el «chantaje» que le han hecho los independentistas hacia las autonomías.
Asturias rechaza el sistema y exige que se valore el coste real de los servicios
Luis Ordóñez
Oviedo / La Voz de Asturias
El Gobierno del Principado expresó su desacuerdo con el modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central tras su pacto con ERC y reclamó que el reparto de fondos tenga en cuenta el «coste real de los servicios públicos». Desde Asturias se subraya que factores como el fuerte envejecimiento de la población elevan de forma significativa gastos esenciales, como la atención sanitaria. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, insistió además en que deben considerarse los criterios recogidos en el acuerdo firmado por el Principado con otras siete comunidades en la conocida como Declaración de Santiago.
En el Ejecutivo asturiano tampoco fue bien recibida la forma en la que el ministerio presentó su propuesta, una vez cerrada con los nacionalistas catalanes, lo que llevó a Llamedo a calificarla previamente como un «plato precocinado». No obstante, tras la reunión, el Principado destacó que el ministerio planteó el documento como un punto de partida y se comprometió a abrir un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo más amplio, en el que Asturias participará para defender sus intereses. En ese contexto, el Gobierno regional interpreta que se abre una vía para que el diálogo continúe y anunció que la próxima semana se convocará a los grupos parlamentarios para compartir la información disponible.
En su posicionamiento oficial, el Ejecutivo asturiano reiteró que su postura se rige por dos documentos básicos: el acuerdo suscrito en la Junta General por todos los grupos salvo Vox y la Declaración de Santiago, firmada junto a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón.
Llamedo volvió a reivindicar la vigencia de ambos textos y recalcó que Asturias acude al proceso «a escuchar propuestas», pero con una posición clara y definida, defendiendo que la reforma de la financiación debe ser fruto de una negociación abierta y equilibrada.