El PP votará no y Junts amenaza con secundar el veto en el Congreso
27 ene 2026 . Actualizado a las 08:31 h.La subida de las pensiones está blindada, pero el trámite legal podría demorarse unas semanas —como ocurrió el pasado año— si el PP y Junts cumplen con su intención de votar no al decreto ómnibus con el que el Gobierno pretende forzar a votar de forma conjunta la revalorización de los salarios de los jubilados, la renovación del escudo social —con polémicas medidas que afectan a las víctimas de la okupación— y la tarifa plana en transportes de cercanías prometida por Pedro Sánchez.
La cita servirá para medir el nivel de malestar en varios de los socios de la coalición de Gobierno. Podemos, por ejemplo, se está pensando su no al decreto de Transportes y se trata de un grupo clave con sus cuatro votos, sobre todo tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Otros miembros de Sumar también observan algunas deficiencias en el plan del Gobierno, aunque su apoyo final se da por descontado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez extraer la revalorización de las pensiones del llamado decreto ómnibus y presentarlo en una iniciativa separada.
Feijoo remarcó que el Partido Popular «está a favor de la regularización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el Gobierno pueda seguir subsistiendo sin Presupuestos Generales del Estado».
«Y esto es lo que está haciendo el Gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento», afirmó en una entrevista en la Cope.
El presidente del PP avisó de que si lo que pretende el Gobierno es «mantener sus acuerdos con Bildu», que «la gente que no paga la renta, que se mantenga en su casa a costa del propietario» o «meter préstamos», «meter acuerdos con las eléctricas» u «otras cuestiones», «que no cuente con el Partido Popular».
El verdadero protagonismo recae, una vez más, en Junts, que exige desgajar el alza de las pensiones del resto de medidas. Carles Puigdemont reunió a su núcleo duro la pasada semana y las instrucciones de bloqueo se mantienen firmes, pese a los gestos lanzados desde la Moncloa. El fugado traslado a su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, que las medidas no recogen la singularidad de Cataluña y, sin esa diferencia, su posición sigue siendo votar en contra de cualquier iniciativa gubernamental.
Los de Carles Puigdemont consideran un «chantaje» que el Ejecutivo presente la subida de las pensiones para el 2026 en un decreto ómnibus. La formación independentista catalana critica así el conocido como decreto de prórroga del escudo social para este año, que llega a su examen parlamentario sin tener garantizados los apoyos suficientes para su convalidación.
Podemos, crítico a medias
Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, admitió que apoyar el escudo social «es una obligación moral porque no hacerlo constituiría un drama para miles y miles de familias en este país». No obstante, político de la formación morada apuntó que el decreto es una ley «de mínimos» y lanzó críticas contra el Gobierno por sus políticas de vivienda.
Lejos de tender puentes, el PSOE, que evitó cuestionar a Junts, mantiene su hoja de ruta y asegura que «no se está negociando nada». «Que cada uno se retrate», advierten fuentes socialistas sobre el daño que puede suponer para el PP retrasar la revalorización de las pensiones.
La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, sí dirigió sus dardos a los independentistas catalanes. «Que piensen que entre los beneficiarios de la subida de las pensiones también hay votantes de Junts», dijo Hernández.