Igualdad cambiará las pulseras antimaltrato por tobilleras porque son «más fiables y menos manipulables»
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El ministerio refuerza el sistema de seguimiento telemático de agresores con 71 millones de euros tras los fallos detectados en el funcionamiento de los dispositivos el año pasado
28 ene 2026 . Actualizado a las 13:21 h.La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado a conocer las mejoras que incorporarán en el nuevo contrato a los dispositivos de control a maltratadores que ya llevaba tiempo anunciando después de que fallaran hasta en dos ocasiones las pulseras de control de los agresores machistas. De hecho, la gran novedad es que dejarán de ser pulseras y se colocarán en el tobillo porque «son más fiables y menos manipulables».
Lo anunció este martes tras el Consejo de Ministros, que aprobó la contratación del sistema Cometa, de seguimiento telemático a los agresores machistas y sexuales con una orden de alejamiento. El nuevo contrato tendrá una duración inicial de 36 meses y contará con un presupuesto de 71 millones de euros, que podrá alcanzar los 111 millones en caso de que se den las dos prórrogas anuales posibles, con las que el servicio se prestaría durante 70 meses. Con un Gobierno sin presupuestos, el Consejo de Ministros ya tuvo que aprobar la semana pasada modificar los límites para adquirir compromisos de gasto hasta los 71 millones con cargo a ejercicios futuros para que el Ministerio de Igualdad pudiese destinar esa cantidad a la gestión del sistema.
Los cambios afectan al suministro, mantenimiento y almacenamiento de los dispositivos. Se comprarán más ejemplares en este período, un total de 17.660, y habrá un mínimo de 2.000 disponibles para instalarlos en cualquier punto de España en menos de 24 horas. También se garantizará su sustitución en menos de un día y se exigirá la reparación de cualquier ejemplar que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. «Esto nos va a permitir cambiar aquellos dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción en tiempo récord, un máximo de 24 horas», afirmó Redondo.
Geoposicionamiento del agresor
Sobre el cambio de pulsera a tobillera, la ministra explicó que se cambiarán los dispositivos porque estos son más fiables y menos manipulables, según le han trasladado los técnicos. Así, contarán con geoposicionamiento de forma autónoma para tener al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el móvil en casa. Precisamente, la última incidencia con las pulseras tuvo que ver con su localización, cuando durante horas se trasladaron las geolocalizaciones con retraso.
A esto se unirá la posibilidad de modificar a distancia los parámetros para reducir los tiempos en los que se manda la posición de las tobilleras en caso de ser necesario o mejoras en la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados y que no se pueda romper esa relación. Se incorporarán mecanismos de seguridad para asegurar los datos que se envían desde los dispositivos al centro de monitorización y control de la sala Cometa.
En el nuevo contrato se prevén mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se mejora la resistencia al agua y los sensores de movimiento o de temperatura corporal, las pantallas serán de cristal reforzado y tanto el móvil como la tobillera del agresor llevará una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída. También se añadirá un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada la detección directa entre el dispositivo electrónico del agresor y la víctima vía Bluetooth.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contará con una aplicación de consulta de datos del servicio en tiempo real a su disposición y se afianzará un sistema de comunicaciones con el Ministerio de Igualdad para garantizar el acceso a otros sistemas como VioGén o Lexnet.
Sin noticias del CGPJ y la Fiscalía
El nuevo contrato anunciado por la ministra de Igualdad llega después de las incidencias detectadas en el sistema Cometa. De la primera alertó la Fiscalía General del Estado en su memoria del 2024, en la que avisaba de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. La segunda fue en noviembre del año pasado y se debió a un problema en el servidor que provocó un retraso de los mensajes y que algunas geolocalizaciones llegaran con demora.
Ante esas advertencias, Ana Redondo recordó que pusieron en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, de las que todavía no hay conclusiones; y que además pidieron al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que les enviaran las sentencias absolutorias o de sobreseimiento, pero a día de hoy, dice, siguen «esperando» dichas sentencias. Sí se tienen en cuenta esos fallos en el nuevo contrato, que incluye un plan de contingencia «para el caso en el que se produzcan caídas de cualquiera de los elementos del sistema». Tras el incidente de noviembre, la ministra reconoció que no podía asegurar que los servidores no iban a fallar de nuevo.
Las víctimas podrán contactar con el sistema Cometa
El contrato incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa y dos puestos de especialistas en psicología para las llamadas que requieran una atención especializada. También se creará la figura del responsable coordinador del servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará la cantidad de cada uno de los elementos de los dispositivos; y aumentarán de uno a dos los responsables coordinadores de la Sala Cometa. Se creará un puesto de responsable del servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento.
La sala Cometa contará con un coordinador jurídico, dos asesores jurídicos y se aumentarán a tres los puestos de coordinación y supervisión de los turnos, con un mínimo de 151 personas en sala. La adjudicataria deberá mantener el nivel mínimo de cantidad de los dispositivos y remitir los partes de intervención a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un plazo de 24 horas.
La ministra de Igualdad anunció que se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves, se elevarán los requisitos de disponibilidad del servicio, se incluirán tareas de mantenimiento programado y se clarificarán los mecanismos necesarios para que el incumplimiento de estos acuerdos de nivel de servicio dé lugar a penalidades.
El contrato también establece que tres meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias y su monitorización, la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el período de transición.