Julio Iglesias insiste en acceder a las acusaciones ante la sospecha de que sean «denuncias falsas» y sopesa medidas

La defensa de Julio Iglesias sigue insistiendo en acceder al contenido de las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas para poder «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa» y, de considerar que así ha sido, poder tomar las medidas oportunas para denunciar ante la justicia española este posible delito.

En el escrito de los representantes legales del cantante, el letrado se dirige directamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras el archivo de las diligencias contra Iglesias ante la «falta de competencia» del tribunal español por supuestos hechos que habrían ocurrido en el Caribe. En concreto, solicita al Ministerio Público la «copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal» y argumenta, para ello, que «no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él». Una información necesaria, argumenta el abogado del cantante, para poder «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes», lo que justifica el interés legítimo del artista español.

Además, también critica que el decreto de archivo de la Fiscalía haya «asignado a las denunciantes como testigos protegidos». Especialmente, argumentan, tras haber «orquestado una agresiva campaña mediática en contra» a través de representantes y medios afines que «ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor», algo que, desde su perspectiva, «no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción». Y por lo que ello conlleva, ya que esa condición «no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado».

La representación de Iglesias censura que como única respuesta se les remita «a la información que proporcionen los medios de comunicación» y que estos, afines a la organización denunciante, puedan seguir haciendo uso de la denuncia «sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales» por parte del artista.

El archivo de la Fiscalía

La Fiscalía publicó el decreto de archivo de la denuncia el pasado viernes. Destacaba, en su escrito, la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados» y recordaba que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo».

El decreto apuntaba que, aunque el delito de trata de seres humanos —uno de los denunciados— se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. Al respecto, señalaba que «las víctimas son extranjeras», «no residen en España» y «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para conocer los mismos. Además, indicaba que los denunciados, que, además de Iglesias, eran un ciudadano brasileño y otro colombiano, tampoco residen en España.

La denuncia de las extrabajadores

Dos antiguas trabajadoras —una empleada de hogar y una fisioterapeuta— aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en la República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», dice en una entrevista con los medios investigadores. «Me sentía como un objeto, como una esclava», añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de «condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias».

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales «fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables», recoge la publicación que asegura que «sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos».

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.

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