Sánchez ampara a Marlaska, que afirma que solo dimitirá si la víctima del presunto ataque sexual del jefe policial se lo pide
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El ministro afirma que «hasta ayer» desconocía la denuncia por agresión contra el número dos de la Policía Nacional a una compañera subordinada. Ordena «relevar de cualquier responsabilidad» por encubridor al número dos de José Ángel González, al que condecoró meses después de los hechos. El investigado niega que fuera cesado y dice que fue una renuncia
18 feb 2026 . Actualizado a las 23:17 h.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, eludió este miércoles asumir cualquier responsabilidad política por la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos presentada por una agente contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. Este renunció el pasado martes tras hacerse público que un juzgado había admitido la denuncia. El titular de Interior negó haber «tapado» el caso, como sostienen PP y Vox, y afirmó que solo dimitiría si la presunta víctima se lo pidiera o manifestara que «no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido».
Marlaska, que contó con el respaldo explícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —de viaje oficial en la India—, anunció que ha ordenado «relevar de cualquier responsabilidad» al número dos del DAO, el comisario Óscar San Juan, considerado mano derecha de González Jiménez. Según la querella, San Juan habría presionado a la víctima para que no denunciara y le ofreció el destino que eligiera a cambio de su silencio. Ambos coincidieron en una comida el 23 de abril de 2025, poco antes de que, según la denuncia, se produjera la agresión sexual.
PP y Vox exigen su renuncia
«Evidentemente no sabíamos nada. De haber tenido el más mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer», sostuvo Marlaska en el Congreso. Diputados del PP y de Vox le reclamaron a gritos la dimisión en la sesión de control, acusándolo de encubrir el presunto agresor.
El ministro respondió emplazando a los parlamentarios a formular esa acusación fuera del Congreso —y, por tanto, sin la protección de la inviolabilidad— y les advirtió de que podría acudir a los tribunales. «Usted lo sabía y lo tapó. Y ha ordenado que dimita su DAO cuando se ha hecho público, cuando le han pillado, cuando se ha filtrado. ¿Se puede ser más cobarde?», le reprochó la diputada popular Miriam Guardiola. «Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul», le espetó el secretario general del PP, Miguel Tellado.
El PP llevará al Congreso una proposición no de ley para instar al presidente del Gobierno a cesar al ministro del Interior, y a revisar todas las medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales afectados por la querella. También solicita incoar expedientes disciplinarios a los mandos implicados y acordar la suspensión cautelar de los afectados para que «no puedan influir en la investigación».
Por su parte, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, criticó las declaraciones de Marlaska y culpó al ministro del Interior de hacer que vuelva a «recaer la responsabilidad» sobre la agente de la Policía Nacional que ha denunciado al DAO de la Policía Nacional. «Es evidente que ella poniendo una denuncia en la que dice que se la ha tratado de presionar para comprar su silencio, es evidente que esa mujer está desprotegida», agregó.
Desde la India, Sánchez expresó su apoyo a la víctima y defendió que el ministro ha actuado «con empatía, con contundencia y con coherencia» ante unas acusaciones «muy graves» contra quien hasta el martes era el máximo responsable operativo de la Policía Nacional. Aseguró que desde el primer momento el Ejecutivo destituyó a José Ángel González —en realidad renunció voluntariamente— y, a partir de ahí, dijo, «que la investigación llegue hasta el final con todas las consecuencias».
El jefe del Ejecutivo, en la misma línea que Marlaska y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a actuar de igual manera con el alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual y laboral por una exconcejala. «No vamos a aceptar lecciones de quienes, cuando afrontan estos casos, no hacen absolutamente nada», afirmó.
La víctima se siente desprotegida
Pese a su renuncia, el exdirector adjunto operativo seguía disponiendo este miércoles de escolta, coche oficial y chófer. El ex DAO precisó este miércoles en sus primeras declaraciones que no se ha tratado de un cese, sino de una renuncia propia que formalizó por escrito. «Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié, lo hice por escrito, además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía», afirmó en Antena 3.
Cabe recordar que Marlaska adoptó medidas para que González continuara como DAO pese a haber alcanzado la edad de jubilación —65 años— a finales de 2024. Primero recurrió a la Ley de Movilidad y, posteriormente, introdujo una reforma en un decreto de ayudas por la dana para prorrogar su actividad más allá de esa edad. Luego, dijo que su perfil es «incuestionable». El titular de Interior condecoró además a Óscar San Juan con la Medalla al Mérito Policial, que supone un incremento del 15 % en la nómina, el pasado 12 de octubre, después de que, según la denuncia, intentara silenciar a la víctima.
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, aseguró este miércoles que su cliente se ha sentido «desprotegida» desde que presentó la querella y que se encuentra «destrozada». Explicó que optaron por acudir a un juzgado de Violencia sobre la Mujer —y no a la Policía— por temor a que González pudiera obstaculizar la tramitación. Añadió que podrían existir más víctimas del ex máximo responsable operativo de la Policía Nacional y animó por ello a otras mujeres a denunciar.
El letrado aseguró que «nos encontramos ante hechos muy graves» y que están «sustentados con prueba objetiva». Unos delitos, abundó el abogado, cometidos además «dentro del ámbito del servicio policial con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias».
El letrado, «ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», solicitó a Marlaska «que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido».
El letrado aseguró que «nos encontramos ante hechos muy graves» y que están «sustentados con prueba objetiva». Unos delitos, abundó el abogado, cometidos además «dentro del ámbito del servicio policial con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias».
El letrado, «ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», solicitó a Marlaska «que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido».
Agresión con «penetración»
La denunciante -según fuentes jurídicas- sostiene en su querella que el 23 de abril del 2025, cuando se encontraba de servicio en una comisaría de Madrid, recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo. Siempre según la versión de la supuesta víctima, González le ordenó que le llevara a la vivienda oficial que ocupaba, propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando «prevaleciendo de su autoridad» agredió sexualmente con «penetración» a su subordinada causándole lesiones, «hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial».
Posteriormente la mujer asegura que fue «coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales» para que no denunciara los hechos que le han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.