Las lenguas cooficiales no se valorarán para dar la residencia, pero sí para renovarla
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La Moncloa aclara que «en ningún caso» se obligará a aprender catalán
21 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno rebajó ayer la propuesta de la Generalitat de Salvador Illa de convertir en un requisito el conocimiento del catalán, el gallego o el vasco para las personas inmigrantes que vayan a regularizar su situación legal en España. En ningún caso, las lenguas cooficiales serán obligatorias para obtener la residencia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejó claro que el Real Decreto 1155/2024, que aún no está aprobado, incorporará aportaciones de diferente signo, que «en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo». El real decreto debe pasar todavía por diferentes fases, e incluirá informes de instituciones como el Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI) y al Consejo de Estado. Fuentes del ministerio salieron al paso así del comunicado realizado el miércoles por la Consejería de Política Lingüística, que dirige Francesc Xavier Vila, ex alto cargo del anterior Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC), según el cual el conocimiento del catalán se tendría en cuenta al renovar la autorización inicial de residencia. La propia Esquerra se atribuyó también la paternidad de la medida.
El proceso de regularización extraordinario abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez dará el permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre, y puedan demostrar que carecen de antecedentes penales. En esta situación se estima que hay medio millón de personas. El ministerio de Elma Saiz explicó que a partir del año de vigencia del permiso inicial, estas personas podrán acogerse a otros itinerarios contemplados en el reglamento de extranjería, como la figura del arraigo. «Siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria», puntualizan estas fuentes, se podrá otorgar una prórroga del permiso con un informe favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que puede incluir el aprendizaje de las lenguas cooficiales. En la regularización por arraigo también se contempla como un factor más a tener en cuenta, pero nunca como requisito obligatorio.
Moneda de cambio
La enmienda presentada por la Generalitat propone que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas cooficiales. De ser incluida en el texto definitivo, «cada comunidad autónoma podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial». El objetivo, señala el Gobierno autonómico, «es reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión y de participación llena», y añade que la Consejería de Política Lingüística «se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización».
Los partidos independentistas han convertido el catalán en moneda de cambio, colocándola en el centro de sus exigencias políticas. Esquerra y Junts compiten en este campo con propuestas maximalistas que rebasan el marco jurídico. Los republicanos de Oriol Junqueras forzaron a los socialistas catalanes a impulsar el llamado «Pacto Nacional por la Lengua» a cambio de su investidura. Por su parte, la formación de Carles Puigdemont, que pactó con el PSOE el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, nunca ha ocultado que tras esta medida lo que pretende es exigir el catalán como requisito obligatorio para obtener la residencia en la región.
Ayuso irá a los tribunales
En la cuestión terció ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llevará a los tribunales el intento «xenófobo e ilegal» de plantear que el idioma sea un requisito para la regularización de inmigrantes. En un mensaje en su cuenta de X, Ayuso acusó a los socialistas de querer «saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera».